Tan cierto es que la inversión pública puede servir para acelerar la recuperación económica tras la pandemia como que los compromisos de estabilidad presupuestaria deberían exigir analizar con luz y taquígrafos cada euro que vaya a engrosar el ahora desmedido nivel de deuda.
En este contexto, la necesidad de relanzar la inversión pública en España se ve reforzada por el acceso a los fondos europeos. Para ello, se requiere un Programa de Inversiones y Reformas que recoja unas prioridades estratégicas alineadas con las planteadas por la Comisión. En otras palabras, orientadas principalmente a favorecer la transición digital y medioambiental, así como el fortalecimiento de la cohesión social y la competitividad del tejido productivo.
Y todo ello debe cimentarse sobre la base de un amplio consenso político, en torno al que también resulta imprescindible tanto el diálogo social como la participación activa de los agentes económicos y sociales; tal y como consta en el Informe "Inversión pública en España. Situación actual y prioridades estratégicas", que acaba de presentar el Consejo Económico y Social de España (CES).
Concretamente, el CES señala que las ayudas comunitarias estarán condicionadas a la presentación de reformas y proyectos de inversión estratégicos que cuenten con amplios acuerdos —políticos, con los interlocutores sociales y la sociedad civil— e insta a promover la colaboración interministerial, entre las distintas Administraciones territoriales implicadas y el sector privado para potenciar sinergias efectivas e identificar proyectos de inversión de elevada rentabilidad económica y social a largo plazo.
Pero España no parte de cero. Cuenta con la experiencia en la gestión de los fondos europeos, que ha sido y sigue siendo una fuente importante de financiación de la inversión pública en nuestro país, así como de líneas de inversión específicas como el Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) o el programa Horizonte 2020.
Y como el Plan de Recuperación previsiblemente se materializará siguiendo la experiencia de estos instrumentos, el CES considera necesario contar con herramientas para garantizar una selección adecuada de proyectos y con capacidad para llevarlos a cabo de forma eficiente.
En opinión de este órgano consultivo del Gobierno, la definición de los proyectos de inversión debe realizarse sobre la base de criterios económicos a partir del análisis coste-beneficio, de eficiencia, orientado al logro de resultados y de equidad.
Asimismo, los proyectos tienen que recoger la necesidad de respaldar un crecimiento sostenible en todas sus dimensiones: económica, social y medioambiental. Y enmarcarse en planes más amplios a partir de las prioridades estratégicas existentes para la inversión pública a nivel nacional, regional y local.
De igual modo, la coordinación efectiva entre los agentes intervinientes, tanto en la fase de identificación de los proyectos como en la gestión o los procedimientos de seguimiento y evaluación, resulta de vital importancia.
Es verdad que la realización de un proyecto de inversión pública es un proceso complejo que abarca distintas fases —selección e identificación, planificación estratégica, temporal y financiera, participación, gestión y evaluación— y que involucra a múltiples agentes con distintas competencias, funciones e intereses. De ahí, la conveniencia de contar con mecanismos de gobernanza adecuados en el marco del entramado territorial e institucional con el fin de hacer un mejor uso de los fondos públicos destinados a la inversión y lograr un mayor impacto.
La definición de los proyectos debe hacerse solo sobre la base de criterios económicos
Por ende, el Informe del CES destaca algunas debilidades en el modelo de gestión que han limitado el grado de ejecución efectiva. Y aboga por corregirlas para poder aprovechar al máximo el Plan de Recuperación.
En este sentido, sería muy recomendable elaborar un único modelo de gestión y participación de los agentes privados en el tramo nacional en aras de definir proyectos estratégicos de interés común europeo que puedan obtener financiación comunitaria.
De esta manera, se facilitaría el diseño de una política más ambiciosa y eficiente de inversiones públicas en España, que al mismo tiempo respondiera de forma integrada a los retos regionales, nacionales y comunitarios.
Y a este respecto, con el objetivo de retomar un adecuado ritmo inversor, es fundamental la colaboración público-privada (CPP) que ya desempeñó un papel importante en el desarrollo de proyectos de inversores en España en el pasado, pero que ha perdido peso por diferentes motivos en los últimos años.
Así, debe ponerse un mayor énfasis en la configuración de un nuevo modelo de gobernanza de la CPP, más efectivo, sobre la base de algunos elementos fundamentales como la seguridad jurídica, la agilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y la complementariedad entre los esfuerzos públicos y privados.
La colaboración público-privada es fundamental para recuperar el ritmo inversor
Pese a que no corren buenos tiempos para la economía, nadie duda de la necesidad de retomar un ritmo suficiente de inversión en un contexto de caída en los últimos años (desde el 5,2% del PIB en 2009 hasta el 2% en 2019), lo que ha supuesto una importante pérdida de valor del capital público. Sea como fuese, este impulso debe ir orientado a sentar las bases de una recuperación que refuerce la cohesión social, la vertebración territorial, la competitividad y aumente el potencial de crecimiento económico a largo plazo, redundando positivamente en el bienestar de la ciudadanía.
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