A partir del próximo 21 de enero, una de las muchas preocupaciones que afrontará la Administración del recién investido 46º presidente de los Estados Unidos será negociar una fiscalidad global acorde con la realidad económica del siglo XXI. A priori, los nuevos responsables modificarán, es difícil de prever en qué medida, el sesgo proteccionista y reacio a la mundialización de sus predecesores. Éstos amenazaron con establecer aranceles a los productos de aquellos países, entre ellos España, que pondrán en marcha, o lo piensan hacer, tasas que graven los negocios vía Internet, de publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios.
Estas hipotéticas represalias comerciales provocaron que algunos países cancelaran implantar nuevos impuestos que perjudicarían a grandes corporaciones norteamericanas como Amazon, Apple, Facebbok o Google. El temor se acrecentó al suspender Estados Unidos la ronda de contactos con Francia, Reino Unido, España e Italia, tendente a alcanzar un acuerdo en materia de fiscalidad digital. Ya en 2018, la Comisión presentó un proyecto de tasa digital europea que gravaría a empresas cuya facturación mundial superara 750 millones de euros y más 50 millones de euros de ingresos en el mercado comunitario. El gravamen del 3% fue vetado por Países Bajos e Irlanda, sede de varias de estas empresas. La Casa Blanca acusó la medida de extraterritorialidad, penalizar el éxito de sus empresas tecnológicas y gravar la facturación en lugar de los beneficios.
Tampoco tuvo éxito la intención de la OCDE para lograr un acuerdo en este campo, a suscribir por 137 países antes de finalizar el presente año. A mediados del próximo ejercicio se retornará el análisis sobre sus dos grandes objetivos: garantizar que las multinacionales digitales u orientadas al consumidor paguen a las jurisdicciones nacionales impuestos sobre sus beneficios cuando lleven a cabo negocios sostenidos y significativos, aunque no tengan presencia física y; consensuar un tipo mínimo global que impida establecer las sedes en paraísos fiscales. La OCDE teme que la falta de acuerdo dé lugar al establecimiento de impuestos unilaterales sobre servicios digitales y el inicio de contenciosos comerciales y fiscales con riesgo sobre la seguridad y volumen de las inversiones. Una eventual guerra comercial reduciría el PIB mundial más del 1%. Por contra, según calcula la institución, una tasa digital común supondría 85 millones de euros de ingresos anuales, con 0,1% de incidencia negativa a largo plazo sobre el PIB mundial, compensada con creces por nuevas inversiones que afianzarían el crecimiento.
En paralelo, el pasado mes de octubre China abrió una investigación antimonopolio contra Alphabet, matriz de Google, por el "daño extremo" que el dominio de su sistema operativo móvil Android causaba a Huawei y otras empresas chinas que lo utilizan en sus smartphones. El gigante asiático reacciona así a la prohibición del uso de la tecnología de Huawei en Estados Unidos al alegar riesgos para la seguridad nacional. Ante la fuerte caída en ventas, 5% de su cuota de mercado, que supuso el veto, la compañía china ha acelerado el desarrollo de Harmony, su propio sistema operativo, y realizado grandes inversiones para reducir su dependencia tecnológica. El mundo al revés, Pekín defiende el libre mercado y Washington intereses nacionales, argumento complicado de defender cuando los reguladores norteamericanos antimonopolio investigan la forma de operar de Google, dentro y fuera del país. "El panorama competitivo de hoy no se parece en nada al de hace cinco años", declaró recientemente Sandar Pichai, CEO de Alphabet, "con muchas más formas de buscar información".
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