Golpe a la industria del automóvil

La mitad de los vehículos nuevos que se venden en España están abocados a una fuerte subida de sus precios (entre el 5 y el 10% según se estima en el sector) a partir del 1 de enero.

La causa se halla en la falta de flexibilidad del Gobierno a la hora de aplicar el nuevo reglamento europeo sobre emisiones contaminantes (el WLTP). Esta norma establece estándares más exigentes respecto al dióxido de carbono, lo que tiene un efecto directo en el impuesto de matriculación. Así, muchos vehículos ahora exentos de esa tasa pasarán a estar gravados por ella en 2021; mientras, otros modelos que ya tributaban quedarán sujetos a un tipo impositivo más alto. Resulta obvio el daño que este encarecimiento infligirá a la demanda de automóviles, ya muy deteriorada después del annus horribilis que 2020 ha supuesto para el consumo. El camino queda allanado para que se produzca otra debacle de ventas. Pero, a medio plazo, aún más preocupante resulta el perjuicio que sufrirá la industria automovilística española en conjunto. Los motores de combustión constituyen el núcleo de su actividad. Penalizar fiscalmente este tipo de vehículos implica perforar la línea de flotación de las fábricas de nuestro país. Es por ello lógico el llamamiento del sector a que se suavice la entrada en vigor de la WLTP ampliando los nuevos tramos del impuesto de matriculación en un 20%.

La falta de flexibilidad del Gobierno a la hora de aplicar la norma WLTP amenaza a un sector clave para el PIB

Sólo puede sorprender que el Gobierno se resista a seguir el camino que ya han recorrido Francia y Portugal, tomando medidas semejantes. Negarse a hacerlo equivale a ignorar la realidad de la industria automovilística española, donde la producción de coches eléctricos aún no tiene peso, y supone un golpe demoledor para el tejido industrial español.