El fallo del Supremo que certifica que los repartidores de la plataforma Glovo son falsos autónomos plantea un reto al negocio del reparto a domicilio.
Sin duda, la sentencia debe acatarse pero esa obligación no impide que se entable un debate sobre hasta qué punto su actividad es compatible con una relación laboral a tiempo completo. Ante un problema complejo no valen soluciones rápidas como cargar a los bares y restaurantes con los costes laborales de esas personas. Esa externalización podría ser ilegal. El Gobierno sí podría buscar nuevas fórmulas que doten a esas empresas de mayor flexibilidad laboral si, tras el debate abierto en la sociedad e incluso en el propio Ejecutivo (donde hay una clara discrepancia), se considera necesario para preservar este servicio ahora tan demandado.