El año pasado Podemos aplicó un importante recorte a su plantilla, que supuso despedir a más de 220 trabajadores. Llama la atención que en un equipo ya tan mermado (equivale a la mitad del que disponía en 2018) el peso de los contratos temporales no sólo continúa siendo alto, sino que resulta ya mayoritario, puesto que supone el 55% del total.
Nada habría que objetar en el hecho de que una empresa, o una organización de diferente índole, recurra a esta figura contractual, plenamente reconocida y amparada por la legislación laboral española. El problema, en el caso de Podemos, proviene del hecho de que este partido hizo de la demonización sin matices de este tipo de relación laboral uno de los puntos capitales de su ideario. Su monolítico rechazo a los contratos temporales llevado a sus líderes a denostar irresponsablemente desde el Gobierno la importancia que para la economía tiene un sector entero, como los servicios, y especialmente el turismo. Poco les importó que la estacionalidad intrínseca de estas actividades haga prácticamente una necesidad el recurso a los contratos de duración limitada o las de tiempo parcial. Pero Podemos ha llegado más lejos; hasta el punto de abogar por la derogación completa de la última reforma laboral (nada menos que el armazón normativo sobre el que se sustenta el mercado laboral español desde 2012), acusándola, sobre todo, de "precarizar" el mercado laboral.
La temporalidad no equivale a precariedad cuando el partido de Iglesias la aplica de forma masiva a su plantilla
Ahora bien, Podemos demuestra que, cuando se trata de su propia plantilla, la temporalidad no es sinónimo de precariedad y no tiene escrúpulos en aplicarla masivamente a sus trabajadores. El partido de Pablo Iglesias manifiesta así la total incoherencia no sólo de su gestión económica más básica, sino de su ideario mismo.