Con el segundo semestre ya avanzado, se acumulan los indicios de una situación aún más negativa de lo previsto para las cuentas públicas en 2020.
Fue en mayo cuando el Gobierno remitió a Bruselas su previsión de que el déficit rondará los 115.000 millones, una cifra inédita desde 2012. Pero ahora los números rojos están en vías de superar los 125.000 millones por varios factores.
En primer lugar, la reactivación económica tras la desescalada es decepcionante. La temporada turística se da por perdida, ante la ausencia de visitantes extranjeros. En cuanto al consumo interno, los datos, casi a tiempo real, de uso de tarjetas bancarias revelan que el ahorro embalsado en el confinamiento no se libera, ante el miedo a los rebrotes. En esta situación, semejante a la parálisis, la caída de ingresos fiscales amenaza con llegar a los 55.000 millones, muy por encima de lo esperado por el Gobierno. Además, sus planes para elevar impuestos de modo inminente, mientras descarta todo ajuste del gasto, son irrealizables.
El propio presidente Pedro Sánchez renuncia a ello, con el afán de lograr un pacto para los nuevos Presupuestos. Pero, además, si se realizaran las alzas fiscales, infligirían un daño incalculable a un PIB ya en recesión. Por último, no puede contarse con las nuevas ayudas europeas.
Ayudas que se harán esperar
Pese al triunfalismo de Moncloa, estos créditos y transferencias deben someterse aún a varias aprobaciones parlamentarias, lo que las retrasará a 2021. Mientras, la financiación del mencionado aumento del gasto se está haciendo a base de continuar aumentando la deuda pública la cual, incluso antes de la crisis, rondaba unos niveles preocupantes. La sostenibilidad de un pasivo de esas dimensiones no constituye ahora un problema, debido al programa de compras masivas de activos del BCE. Pero sería ilusorio pensar que ese evidente dopaje de la prima de riesgo va a tener efectos ilimitados en el tiempo. En el medio plazo, con una deuda muy superior al 100% del PIB, es previsible un fuerte aumento de los costes de financiación. Todo apunta a que entonces se incrementarán las ya evidentes tensiones de liquidez que el Estado ya muestra en ámbitos como la financiación de Ertes.
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