La Función Pública española, como la de cualquier país democrático avanzado, es uno de los pilares del Estado, por eso hay que dotarla de calidad profesional y de estabilidad institucional.
La Ley y la Constitución Española exigen que para entrar en la Función Pública los criterios de selección sean el mérito y la capacidad, vale decir: mérito es un buen curriculum y capacidad son conocimientos y saber utilizarlos. Esos criterios deben medirse mediante pruebas objetivas. Pero ya hace años que la Función Pública española está plagada de interinos, un interinaje que dura muchos años y provoca inestabilidad laboral en numerosos ámbitos, incluido el de la tan maltratada y valiosa Sanidad Pública. De hecho, hay enfermeros y médicos que llevan empalmando interinajes bastante más de una década. Además del "enchufismo", que sigue siendo en España una plaga que no cesa.
En los países más adelantados, en cuanto al funcionamiento del Estado, para ocupar el nivel de subsecretario es exigido ser funcionario de carrera. En España, una ley aprobada durante los gobiernos de Felipe González obliga a que el nivel de Director General sea cubierto por funcionarios de carrera. ¿Se cumple esa ley? Me temo que se sortea con asiduidad, sacándose de la manga funcionarios pertenecientes a los partidos políticos, tengan o no tengan que ver con la materia a la que se dedica la Dirección General correspondiente. Las leyes sobre cargos públicos son ignoradas en España con una asiduidad digna de mejor causa.
Muchos de los dirigentes de Podemos han escrito en sus curricula la de "activista" como profesión (ver el Ayuntamiento de Madrid). A tan digna "actividad" tendrían que haber añadido otra palabra: sectario. Activismo sectario. ¿Qué otra cosa hace la señora que se ocupa en el Gobierno de defender desde un alto cargo las reivindicaciones LGTB?
Con la llegada al Gobierno de Podemos, como era de esperar, se han multiplicado en nómina lo "consejeros" cuyos nombres y actividad se mantienen en secreto -nos lo ha recordado Isabel San Sebastián-, pero se sabe que sólo el vicepresidente Iglesias cuenta con más de una decena, y los ministerios de Podemos más de cincuenta. En un momento en que todos vemos nuestra dramática la situación, los españoles tenemos que sostener el Ejecutivo más nutrido de la historia, repleto de cargos y "cargas" de carácter puramente ideológico y nula utilidad práctica.
Cuatro vicepresidencias, veintidós ministerios, doscientos cincuenta y nueve altos cargos… Una estructura disparatada y sin precedentes y, desde luego, gravosa para el erario público y opuesta a las recomendaciones tanto nacionales como europeas. Pues en estas condiciones, lo más lógico es que la Administración "reequilibre" impuestos (es decir, los suba) y suprima gastos superfluos.
Este dislate se inscribe en otro mayor y es la invasión de la sociedad por parte de partidos políticos profesionalizados, es decir, con una enorme cantidad de afiliados que jamás han trabajado fuera de los aparatos de los partidos. A eso se ha unido últimamente el caudillismo que han traído consigo las llamadas primarias, donde se elige a una persona a la cual no se le otorga el liderazgo sino la plena propiedad del partido. El paradigma de ese modelo antidemocrático es el actual PSOE de Pedro Sánchez.
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