El Congreso debate hoy la creación de un régimen sancionador para acabar con las demoras en los pagos a proveedores de las que son víctimas miles de empresas y autónomos en nuestro país. No es seguro que la iniciativa vaya a prosperar.
Este nuevo sistema de multas, con cuantías de hasta un millón de euros para los morosos reincidentes, se incluyó entre las escasas iniciativas económicas que la Comisión parlamentaria de Reconstrucción incluyó entre sus conclusiones. Aun así, no contó con el respaldo de los partidos mayoritarios. Por ello, ante su previsible fracaso, tras la discusión de enmiendas en la Cámara Baja, conviene que este debate no se cierre y que se busquen soluciones para un problema especialmente grave en medio de una crisis como la actual. En condiciones normales, los retrasos en este tipo de pagos suponen para los proveedores afectados un coste financiero de 850 millones. Sus perjuicios se multiplicarán en el actual contexto, cuando la congelación del consumo y la caída de las exportaciones, provocan ya una escasez de liquidez semejante a la registrada a partir de la recesión de 2009.
El nuevo régimen sancionador de la morosidad debería prestar especial atención al incumpliento de las Administraciones
Resulta necesario aprender de la experiencia de aquella crisis, especialmente del daño que provocó la morosidad protagonizada por las Administraciones. Más de diez años después, la demora media en los desembolsos del sector público es inferior a la media del sector privado (52 días frente a 109), pero rebasa aún con creces el límite de un mes que la ley establece. Miles de proveedores se vieron indefensos ante la famosa acumulación de facturas en los cajones de la Administración en la pasada crisis.El nuevo régimen sancionador debe evitar que se repita una situación así, ahora que vuelven los problemas de déficit público.