Toda inversión tiene que ser financiada porque nada es gratis. Y por supuesto un fondo de cientos de miles de millones de euros como el fondo europeo de recuperación y resiliencia (FERR) no es precisamente una excepción. En consecuencia, las posturas que buscan limitar, aplazar o incluso no abordar este fondo de reconstrucción, el FERR, no sólo se deben a desacuerdos con el destino de los fondos o su condicionalidad, sino también con la propia financiación del fondo.
Una primera consideración es clave: no es lo mismo financiar un fondo de créditos, que financiar un fondo que se materializa en inversiones o gastos a "fondo perdido". En el primer caso, Europa en su conjunto lo que asume es un riesgo: que no se puedan devolver los fondos. Y sólo en el caso de que no se devuelvan estos fondos, el contribuyente europeo tendría que soportar mayores impuestos. Por el contrario, si hay asignaciones, condicionadas o no, pero que no se devuelven, entonces hay que arbitrar una financiación vía impuestos.
La segunda consideración es una evidencia: cuánto más grande sea el fondo, más hay que financiar. Y aquí entramos en los impuestos previstos para financiar estas inversiones. Nos encontramos ante tres grandes figuras: un impuesto a las grandes multinacionales que operan en Europa, un impuesto a las multinacionales digitales y un ajuste en frontera a los productos procedentes de otros estados por el CO2 emitido. Estos tres impuestos tienen sentido económico, y además es muy razonable que se apliquen a nivel europeo.
Sin embargo, esto supondría una ruptura del status quo tanto en Europa como con terceros países. Por ejemplo, es cierto que si China o los países emergentes incrementan sus emisiones para producir más barato esto dificulta los progresos en la lucha contra el cambio climático. Pero también es cierto que estamos hablando de una medida proteccionista, es decir establecer un arancel, que muy probablemente será respondida con otros aranceles. Además, esto supondrá que las empresas y los consumidores europeos tendrán productos más caros. Nada es gratis y luchar contra el cambio climático tampoco.
Respecto a los impuestos a las multinacionales y las tasas digitales, los contribuyentes afectados directamente son, fundamentalmente, multinacionales norteamericanas. En este tema, los Estados Unidos están frontalmente en contra. De hecho, Estados Unidos ha amenazado, e incluso ha impuesto efectivamente aranceles a las exportaciones de los países que han empezado a implantar una tasa a determinados servicios digitales. Pero estos impuestos no sólo tienen oposición fuera de la Unión Europea sino, también, entre los propios socios comunitarios.
Aquí no solo es una cuestión de quién paga unos impuestos sino de los efectos que los impuestos producen en la localización de las empresas y las inversiones. Hay muchas multinacionales que se instalan en determinados estados de la Unión Europea por sus ventajas fiscales. Y no solo se instalan en estos estados sino que concentran allí todas sus operaciones europeas allí, lo que supone concentrar allí el pago de sus impuestos sobre sociedades. Y esta concentración de "impuestos", es también concentración de empleo e inversiones. Al estado correspondiente puede no interesarle, incluso cobrar el impuesto de sociedades.
Tomemos el caso de Irlanda y Apple. Esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión Europea de que Apple pagase a Irlanda 13.000 millones de euros. Lo que la Comisión Europea pretendía es que Apple pagase efectivamente el 12,5% de sus beneficios a Irlanda. Bien, Irlanda no quería cobrar y recurrió, al igual que Apple, al Tribunal General (primera instancia) de la Unión Europea. Irlanda prefiere que Apple y otras muchas tecnológicas sigan realizando todas sus operaciones en Europa desde Irlanda antes que cobrar un 12,5% efectivo sobre unos beneficios, que por supuesto, en su inmensa mayoría proceden de fuera de Irlanda.
Si eso se refiere a 13.000 millones de euros que Irlanda podría destinar, sin limitaciones, a financiar directamente su propio gasto público, imaginemos cuál sería la posición de Irlanda si ese dinero va a financiar un fondo de reconstrucción del que se benefician otros estados. Y si hay estados de la Unión Europea, "frugales", que tienen que "renunciar" a cobrar impuestos sobre beneficios a las empresas que más ganan del mundo es por algo: nada es gratis. Esta localización podría estar en riesgo si estas multinacionales, se instalen donde se instalen, tienen que pagar, de todas formas, un impuesto europeo.
Países como Irlanda se benefician de la ausencia de trabas arancelarias y fiscales
La cara "b" del fondo de reconstrucción es la fiscalidad, los impuestos necesarios para financiarlo. Por eso, que se quiera limitar el tamaño del fondo y que consista, fundamentalmente en créditos y no en asignaciones a fondo perdido no solo es una cuestión ideológica y de gasto, sino también de los impuestos necesarios para financiar el fondo. Y la cara "b" de estos impuestos es la localización de grandes empresas y sus inversiones. Estas grandes empresas, y también algunos pequeños estados que las "acogen" se están beneficiando de un mercado común y de la ausencia de trabas arancelarias y fiscales. Eso sí, como se está viendo, los impuestos se acaban, muchas veces, pagando en el país de nunca jamás, es decir en paraísos fiscales con los que algunos estados europeos tienen convenios.
Todo esto no es una realidad agradable, ni beneficiosa para España ni para Europa en su conjunto. Pero todos deberíamos ser conscientes del envés de la trama porque, si no lo somos, no entenderemos algunas cosas que han pasado últimamente. Y entender la realidad es el primer paso para poder cambiarla.
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