El teletrabajo ha llegado para quedarse. Es una de las frases más repetidas durante los meses del estricto confinamiento vivido en España como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la Covid-19. Y una de las predicciones más compartidas en las reflexiones sobre los efectos que dejará la trágica pandemia en nuestras vidas.
Cuando el Gobierno, el 14 de marzo, decretó el estado de alarma, paralizando toda actividad de los trabajadores no esenciales o que no pudieran trabajar desde su casa, el teletrabajo se convirtió en la única forma de poder seguir desarrollando la actividad laboral en las administraciones públicas, empresas, pymes y autónomos, evitando así el colapso de los servicios y la economía. El uso masivo del teletrabajo ha sido una de las revoluciones más radicales y directas aceleradas por la Covid-19. Lo que era algo prácticamente testimonial se ha convertido, en solo cuatro meses, en la forma en que muchos trabajadores desarrollan sus responsabilidades.
Los cambios más permanentes son en ocasiones los que se suceden con mayor rapidez. La necesidad transformó nuestra forma de trabajar y relacionarnos. Un acontecimiento disruptivo obligó a adaptar equipos, adquirir habilidades e implementarlas en un modo, forma y tiempo que nadie habría pensado posible, sin planificación, desarrollo, prueba, adaptación, negociación y acuerdo. Deberíamos destacar positivamente esta capacidad de adaptación y compromiso por parte de administraciones, empresas y trabajadores cuando analicemos con distancia lo sucedido.
¿Dónde estábamos a nivel español y europeo respecto al teletrabajo antes de la Covid-19? En 2018, según Eurostat, el 13,5 % de los trabajadores de entre 15 y 64 años lo usaban de forma habitual en la UE-28. Como toda media, es un poco engañosa; existe una brecha enorme entre los países del norte respecto a los del sur y este. Mientras en los Países Bajos y Suecia más del 30 % de los trabajadores desarrollan su actividad a distancia, ésta es prácticamente residual en Chipre, Bulgaria o Rumanía. España está por debajo de la media (7,5 %), lejos de Alemania (11,6 %) y Francia (20,8 %).
Esta foto ha cambiado radicalmente. Según algunos estudios, el teletrabajo habría llegado al 34% en España. Es el momento de decidir dónde va a consolidarse, comprobada la posibilidad de su implementación, sus problemas y oportunidades; el momento de hacer una reflexión de la experiencia en función de una meditada y ambiciosa intersección de estas variables.
Las ventajas han sido claras: posibilidad para la conciliación laboral y familiar, flexibilidad, aumento de la productividad y positivas repercusiones medioambientales por menos desplazamientos en vehículo privado y reducción de emisiones. También los inconvenientes: abuso en la duración de las jornadas, invasión del trabajo en el ámbito familiar que amenaza con difuminar los límites entre vida personal y laboral...
Además de los riesgos y oportunidades más evidentes, la realidad del teletrabajo oculta otros: mayor aislamiento y menor socialización, profundización de brechas socioeconómicas, de género y territoriales, provocadas por el abismo digital que perjudica a personas y empresas en zonas sin infraestructuras adecuadas. Al tiempo, el trabajo a distancia también puede combatir las desigualdades de género, territoriales y de discapacidad.
Para corregir riesgos y potenciar posibilidades, las administraciones deben incorporar el teletrabajo como elemento clave en la definición de sus políticas públicas de forma integral y transversal. A nivel europeo es necesaria una Directiva europea de Teletrabajo que actualice el vigente Acuerdo de 2002, para garantizar los derechos laborales y la incorporación del teletrabajo como palanca transformadora en la recuperación y reconstrucción que ha diseñado la Comisión Europea sobre las estrategias del Pacto Verde y la estrategia digital.
En España, Trabajo y Economía Social ha anunciado su intención de aprobar una ley para garantizar que los que acepten esta modalidad no sufran una merma de ingresos o derechos. Es necesario, pero insuficiente. Hace falta una Agenda Nacional por el Teletrabajo que incorpore administraciones públicas y agentes sociales a una estrategia conjunta y transversal.
España puede liderar una regulación integral y ambiciosa, como herramienta para avanzar hacia la solución de algunos problemas laborales y económicos, y también sociales y territoriales, que arrastramos. Una regulación que no puede reducirse a definir reglas para trabajadores y empresas para evitar abusos y garantizar condiciones de trabajo. Sería renunciar a ver el teletrabajo como palanca de cambio: dejar pasar una gran oportunidad.
Para salir reforzados de la crisis debemos impulsar reformas, innovar, modernizar y transformar.
Ciudadanos ha propuesto un decálogo de medidas como parte del programa de reconstrucción, y ha advertido al Gobierno en una Proposición No de Ley que evite "desequilibrios laborales" en la nueva regulación que se prepara", para que "el teletrabajo no sea insostenible". Además del marco laboral, planteamos que sea una herramienta central en debates como conciliación, lucha contra las desigualdades, formación de capacidades digitales, recursos para la digitalización de PYMEs y autónomos, diseño urgente de un proyecto nacional de infraestructuras digitales para zonas rurales, impulso de políticas de movilidad para reducir emisiones contaminantes y un plan de choque para digitalizar las administraciones públicas e implantar definitivamente la administración electrónica.
Estamos en el siglo XXI. Salimos de la primera pandemia global contemporánea, y tenemos duros meses y años por delante para superar su impacto humano, social y económico. Para salir reforzados de la crisis debemos impulsar reformas, innovar, modernizar y transformar. El teletrabajo puede ser una de las palancas para conseguir una España más integrada, con más oportunidades, más digital, más verde y más justa.
