La regulación del teletrabajo en España amenaza con un alto coste para las empresas, según las líneas del anterpoyecto que el Gobierno prepara.
La ministra Yolanda Díaz ya adelanta que serán las firmas las que tengan que sufragar "todos los costes" de esta modalidad laboral. Son comprensibles los recelos de las patronales ante una norma tan desequilibrada y que no sigue la pauta dominante en Europa. En otros países, lo que se les exige a las empresas es una contribución, limitada en su cuantía y en sus plazos, para que el empleado no incurra en sobrecostes y se tienen en cuenta también los ahorros de los que este último se beneficia. La futura ley española, sin embargo, amenaza con convertir el teletrabajo en una penalización más para las empresas.
