En la debacle del mercado laboral, el sector público arroja un balance muy particular. Evita la destrucción de empleo en el acumulado del año y registra 80.000 ocupados más. Esa anomalía se explica por la reciente epidemia, y la demanda de más sanitarios, una iniciativa que tomó el Estado (y no las autonomías, como es habitual en este ámbito).
Ahora bien, dicho avance debe ser una excepción limitada y acorde a esas circunstancias especiales. Resultaría muy perjudicial ahondar la aceleración que la contratación pública mostró en las más recientes EPA, incluso anteriores a la actual crisis. Cada trabajador privado sostiene a casi dos personas en nómina de las Administraciones (incluyendo pensionistas), una proporción ya insostenible.
