Con un Pedro Sánchez abducido por Iglesias, la imagen que se transmite desde el Ejecutivo es que el vicepresidente segundo avanza cada vez más hacia su ambición estatalizadora, mientras su escudera en Trabajo, Yolanda Díaz, que nunca ha pisado una empresa, impulsa una campaña de confrontación entre el sector público y el privado, en unos momentos en los que, como en todas las crisis, la solución pasa por la colaboración público-privada.
Una campaña tan descabellada como injusta, cuando son los empresarios, grandes, pequeños y autónomos, con Amancio Ortega y algunas empresas del Ibex a la cabeza, quienes están arrimando el hombro desinteresadamente, aportando trabajo, material, soluciones y dinero, de forma desinteresada y con más eficacia que el Gobierno, como se demuestra día a día, para ayudar a combatir la pandemia y paliar, en lo posible, los errores y las insuficiencias de quienes desde las más altas instancias políticas tienen responsabilidades de gestión.
Como señala acertadamente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aquí y ahora "Hay que cuidar y proteger a las empresas porque son las que tienen que montar la recuperación para que el país se ponga en marcha en cuanto esto acabe". Si, pero también, y rememorando sus palabras, cuando esto pase hará falta otra política económica para que el país se levante. Aventuras populistas no sirven y será necesario aplicar otra política económica con mucho más rigor presupuestario y ortodoxia.
Esos casi 834.000 empleos perdidos en marzo son un serio aviso, además de mostrar el fracaso del plan de choque del Gobierno, teniendo en cuenta que la mayor parte de esos nuevos parados se produjeron en la semana posterior al anuncio de las medidas del Ejecutivo, primero, y en la siguiente a su aprobación, después. A los que hay que sumar los otros 620.000 en suspensión al estar afectados por los ERTE.
El incremento del paro demuestra que el plan de choque del Gobierno ha fracasado
Por cierto, que, hablando de esos ERTE, que puso en marcha la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, como instrumento para evitar despidos, resulta que ahora son la fórmula ideal y el mejor remedio para quienes los están poniendo en marcha desde la coalición socialpopulista, cuando fueron ellos quienes los demonizaron y vilipendiaron. Y los utilizan y ponderan sin tener la gallardía y la vergüenza política de reconocer los méritos de la mujer que tuvo el valor y el acierto de impulsar esa reforma y, lo que es más lamentable, sin pedir perdón por todo lo que entonces la dijeron.
En este país ha habido campañas enteras, de izquierda, derecha y de nacionalistas, en que la mejor manera de descalificar al contrario era denunciar que "sólo aciertan cuando rectifican". Y en este caso la expresión recobra todo su significado, al tiempo que una aspiración para que sigan rectificando, tanto en el plano sanitario como en el de la economía donde las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes dado que no permiten aliviar las cargas fiscales y sociales que impidan que un buen número de empresas vayan a la quiebra.
Ocho de cada diez empresas españolas tienen menos de dos trabajadores "y a esas es a las que el Gobierno no está apoyando como debiera", recuerdan dirigentes territoriales de Cepyme porque lo que se les ofrece es liquidez para que paguen los impuestos. Y eso ni sirve ni remedia. Es sólo un mero aplazamiento de impuestos que se acumularán como una losa dentro de seis meses, durante los cuales las pymes y los autónomos no generarán ingresos y no pueden despedir.
Cómo afirma acertadamente el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, "los ministros están perdidos, no tienen ni idea como funciona una empresa", mientras pronóstica que llegaremos a seis millones de parados.
Y hablando de rectificaciones, sería deseable que cuando esto acabe los dirigentes políticos hayan aprendido la lección y dejen pagar apoyos o cuotas de poder territorial nombrando ministros sin la capacidad ni la preparación necesaria para el cargo.
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