Opinión

Medidas económicas contra el Coronavirus, también en energía

Los autónomos, uno de los sectores económicos más afectados por el parón de la producción

Es un secreto a voces: la actual crisis sanitaria producto del virus COVID-19 va a conducir a una abrupta y peligrosa crisis económica en nuestro país.

En este contexto, contribuir a la confianza y la estabilidad de todos los agentes económicos es clave, comenzando por los que carecen de una posición más privilegiada a la hora de amortiguar el impacto. Es por esa razón que desde Ciudadanos hemos planteado distintas propuestas para los autónomos, pymes, el sector primario, etc. En materia laboral y fiscal especialmente.

Pero además de estas medidas en el ámbito laboral existen medidas de apoyo adicionales que pueden aliviar la situación de las empresas más vulnerables, autónomos y pymes e incluso de los propios consumidores.

Es inaudito y jurídicamente cuestionable que se paguen dos veces tributos eléctricos

Una de ellas sería habilitar la posibilidad de que estas empresas puedan aplicar una disminución de su potencia contratada en el suministro eléctrico, aliviando así la carga que supone este gasto corriente para su actividad en virtud de las excepcionales circunstancias que vivimos. Sin embargo, la legislación actual (en Real Decreto 1955/2000) no garantiza estas disminuciones si ya se ha producido un cambio de potencia durante el año en vigor, dejando la potestad para determinar la viabilidad de ese cambio a la empresa distribuidora

Como en tantas otras ocasiones, en esta materia la ciudadanía y las empresas se han adelantado a los políticos en este caso demostrando más visión y audacia que los poderes públicos. En efecto, las principales empresas distribuidoras de energía eléctrica de nuestro país ya han tomado esta medida de forma proactiva para que se permita a los consumidores suministrados disminuir su potencia contratada aunque no hayan transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico realizado.

Se debe olvidar el afán recaudatorio y centrarse en apoyar a aquellos que más sufren

Sin embargo, dado el enorme impacto que esta crisis va a tener en el tejido productivo español, con especial acento en las empresas más pequeñas y sus empleos, es necesario que el Gobierno ejerza su liderazgo también en esta materia y brinde la posibilidad de realizar esas modificaciones de potencia a todos los autónomos y pymes sin importar cuál sea su empresa distribuidora, asegurando así su posibilidad para todo el territorio nacional sin importar el suministrador.

De esta manera, sería necesario establecer una excepción temporal a esta norma mientras se mantenga la situación de Estado de Alarma.

Asimismo, esta ocasión resulta inmejorable a la hora de valorar otros costes del suministro eléctrico y gasista como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas; una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas.

Efectivamente: los consumidores pagamos dos veces estos impuestos, lo que resulta en un hecho inaudito y hasta jurídicamente cuestionable.

Finalmente pero no menos importante, la situación actual debería servirnos para reconsiderar la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos suministros básicos; con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y cortes de suministro experimentados.

¿Cómo se concibe que un bien esencial como la electricidad sin la que no podemos vivir en el mundo actual tenga un tipo impositivo del 21%? Cuando la incertidumbre sume a pymes, autónomos y al conjunto de la sociedad, no es justificable que la administración se quede de brazos cruzados sin aliviar la carga fiscal que estos soportan, máxime cuando por razones de salud pública se les pide encarecidamente que se mantengan en sus casas y por tanto, se vean obligados a incrementar su consumo eléctrico.

En conclusión: puede y se debe actuar para contribuir al bienestar y la confianza de la ciudadanía y empresas, también en estos ámbitos. En un momento dramático a nivel social no es el momento de que la administración se centre en afán recaudatorio, sino en el apoyo de aquellos que más sufren y que también levantarán de nuevo nuestro país: empresas y trabajadores.

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