La banca española aplaudió el plan de choque económico que el Gobierno presentó esta semana. Además, mostró su disposición plena a colaborar en los capítulos que le incumben directamente. Sin embargo, el despliegue concreto de estas últimas medidas no puede hacerse obviando la difícil situación que atraviesa el sector (tras años sometido a tipos nulos o negativos que socavaron su rentabilidad), y a las mínimas garantías que exige todo código de buenas prácticas financieras.
Es el caso de la medida que establece una moratoria hipotecaria para los afectados por los ajustes de plantilla que se deriven de la crisis del coronavirus. Para que esta extensión de plazo sea sostenible, las entidades necesitan que no se les obligue a elevar su ya abultado capítulo de provisiones. El real decreto ya las exime de ello y se prevé que el Banco de España dé en breve su plácet. En esa línea, el punto más importante del plan de choque, los avales por valor de 100.000 millones, necesita un replanteamiento en su actual esquema del reparto de garantías entre los bancos y el ICO. La intención del Gobierno es que ambos las asuman a partes iguales. Resulta ilusorio pensar que las entidades, especialmente las de mediano tamaño, están en condiciones de exponerse a un riesgo tan elevado.
Las entidades no están en condiciones de asumir el riesgo, en el nuevo programa de liquidez, al 50% con el ICO
Debe recordarse que se tratará de líneas de financiación motivadas por una crisis excepcional y susceptibles de presentar una alta morosidad (la experiencia del ICO desde 2008 lo atestigua). Es por ello sensata la petición de una división de garantías del 80%-20% entre el sector público y las entidades, y el próximo Consejo de Ministros debe estudiarla. Es un paso necesario para hacer posible un programa de liquidez básico para la economía.