La semana negra del COVID-19 en el mundo nos deja una fotografía insólita y desconocida, sólo comparable a los tiempos de guerra. Los manuales de historia escolar incluirán a no tardar mucho lo ocurrido en este marzo de 2020, que según los más optimistas cambiará todas las cosas sólo mientras dure el contagio, y según el resto nos va a dejar durante años temblando.
Entre los cambios inesperados que nos ha dejado hasta el momento la lucha contra la extensión del virus hay uno que pocos podrían haber anticipado. El gobierno se ha dado cuenta súbitamente, al hilo de los acontecimientos, de que ya no le llega con la mayoría Frankenstein gracias a la cual llegó al poder, con radicales de extrema izquierda e independentistas condenados. Ha abierto los ojos, de forma perezosa todo hay que decirlo, y se ha encontrado con que en los momentos importantes en que se juega el futuro de un país, esos socios no son suficientes ni son los necesarios. A la hora de compartir responsabilidades y reclamar la unidad y el apoyo a las medidas que se necesitan para conducir el país en momentos de extrema gravedad, la mirada de Pedro Sánchez y su gabinete se ha dirigido hacia el centro derecha.
Ha habido además un intercambio de papeles en el empleo de los poderes públicos como ariete de ataque a la transmisión de la enfermedad: hasta que el presidente ha anunciado el estado de alarma, anunciado 24 horas antes de ser aprobado sin detallar las medidas concretas y cómo afectarán a la ciudadanía, han demostrado ser más rápidas en la respuesta las administraciones más cercanas a la población, hasta el punto de que varias comunidades autónomas, de diferente color político, y algún ayuntamiento decidido se adelantaron en liderazgo y oportunidad a aquellas ocasiones en las que el presidente ha comparecido esta semana, siempre para realizar anuncios de decisiones futuras.
El consumo se va a desplomar, los ingresos de las empresas van a volatilizarse, la actividad empresarial se ha parado en seco y los autónomos van a estar con el agua al cuello
Queda cuestionada la capacidad de liderazgo del presidente Pedro Sánchez en los días más complicados de la crisis. Liderar una crisis no es anunciar que las decisiones se están tomando tal y como dicen los técnicos, especialistas en epidemiología que marcan las acciones a llevar a cabo al ejecutivo. El liderazgo y las decisiones políticas han estado desaparecidas hasta el sábado. Sánchez, cuyas apariciones no han tranquilizado a nadie, añadió que se van a ir tomando medidas según vaya cambiando la situación, lo cual se comenta por sí solo. Y las que ya se han anunciado, o han hundido el jueves la bolsa en su peor jornada desde que existe, o han frenado el rebote del viernes.
No se ha actuado en cuestiones importantes relacionadas con la Seguridad Social ni con el pago de impuestos. Aplazar el pago de las deudas fiscales es considerado como una broma por los empresarios, lo mismo que la concesión de créditos ventajosos o el fraccionamiento de pagos. Es una bonita forma de que sean las empresas las que se lleven el coste de todo esto, de una catástrofe natural imprevista. Estamos en la fase inicial, pero si en los próximos días el paquete de medidas del gobierno no se amplía con más determinación, las consecuencias van a ser difíciles de superar: el consumo se va a desplomar, los ingresos de las empresas van a volatilizarse, la actividad empresarial se ha parado en seco y los autónomos, como primer escalón de la productividad, van a estar con el agua al cuello por la ausencia total de pedidos.
Sorprendentemente las medidas más estatalistas hasta la declaración de alarma llegaron de administraciones de distinto signo. La Comunidad de Madrid ha "intervenido" los hospitales privados, las residencias y va a convertir hoteles en espacios medicalizados para habilitar camas. Decisiones en las que la colaboración público-privada está siendo la clave, además del sentido ciudadano de las empresas y los particulares. El País Vasco declaraba la emergencia sanitaria antes que nadie y se reservaba las acciones restrictivas necesarias para evitar la circulación de personas por las calles. Y aún no se había decretado el estado de alarma nacional.