Desde hoy, y durante un periodo mínimo de 15 días, España se encuentra bajo estado de alarma. Se trata de un instrumento plenamente legítimo desde el punto de vista normativo (bajo la Ley Orgánica 4/1981) y coherente con la gravedad que ha alcanzado la crisis del coronavirus. Es una situación que el Gobierno reconoce ahora en toda su envergadura, después de semanas de no haber dado otorgado al problema la magnitud que merecía. Lo demuestra el hecho de que el presidente Sánchez volvió a insistir ayer en la dureza de los meses que se avecinan e incluso puso cifras a a sus previsiones, al pronosticar que la semana próxima habrá 10.000 afectados en nuestro país. En estas circunstancias, y a la espera de lo que concrete el Consejo de Ministros, es muy probable que el estado de alarma se articule como ya lo está haciendo en Italia, y su mayor impacto sobre los ciudadanos se traduzca en extender los cierres obligatorios de comercios, que ya se están produciendo, y en limitaciones a su capacidad de desplazamiento.
Frente a la concesión de avales sin límite de Alemania, palidece el modesto rol otorgado al ICO en el plan de Sánchez
En el terreno económico, el Estado se encuentra también habilitado con capacidades excepcionales, como la suspensión de los límites que afectan a su endeudamiento. Sin embargo, nada indica que vaya a haber cambios sustanciales sobre las medidas que el Ejecutivo presentó esta semana, antes de declarar la situación de alarma. De poco parece servir que sean ya evidentes las carencias de este supuesto plan de choque, sobre todo, desde que existe punto de comparación con las iniciativas que están tomando otros países de nuestro entorno. En la actual crisis, la rapidez de reflejos y la ambición en sus objetivos que muestran los Gobiernos tiene una importancia crucial. No en vano, a diferencia de lo que ocurrió con las turbulencias económicas iniciadas en 2008, los principales bancos centrales no han sido capaces de coordinar sus actuaciones. En este contexto, debe valorarse el esfuerzo hecho por el Estado italiano, con la movilización de 25.000 millones en ayudas a familias y empresas y supresión de impuestos. Más recientemente, Alemania ha dado ejemplo a toda la UE, con un cuantioso programa de avales crediticios que habilitan al KfW (un organismo semejante al ICO) para movilizar créditos a las empresas, sin límite máximo preestablecido a través de la banca comercial.
Pese a la declaración del estado de alarma, nada hace pensar en medidas económicas más ambiciosas del Gobierno
Una iniciativa así palidece frente al modesto rol que el Instituto de Crédito español asume en el plan de choque de Sánchez, ya que se limita a abrir una línea de financiación, de escasas miras tanto en su cuantía (400 millones) como en su alcance, dado que se focaliza en las firmas turísticas de transporte y hoteleras, pese a que los perjuicios afectan a todos los sectores económicos. Resulta inaudito que en una situación tan grave como la actual no se emplee a fondo la capacidad avalista del ICO. Sin este respaldo, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, lo tendrán muy difícil para acceder a los créditos de los bancos. Ése es el tipo de ayuda que necesitan, muy por encima de los meros diferimientos en los plazos de pago del IVA o de las retenciones del IRPF que se les han ofrecido por una cuantía ínfima (hasta 30.000 euros) y válidas durante un semestre. Sorprende también que capítulos tan importantes como las condiciones para llevar a cabo nuevos ERTE quede pendiente de definición hasta el próximo martes, para estupor de patronal y sindicatos. Son todas deficiencias de un gran calado que muestran cómo España está perdiendo la decisiva carrera por paliar la crisis del coronavirus.