El ministro de Agricultura, Luis Planas reconoce que los rápidos incrementos que acumula el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "condicionan la actividad agraria". Se trata de unas declaraciones de alcance debido a que, por primera vez, el Ejecutivo reconoce el especial perjuicio que, inevitablemente, provoca en el campo español la subida de costes laborales. No en vano se trata de un sector basado aún en un uso intensivo de mano de obra, ya que muchos de sus procesos no se pueden mecanizar.
Pero las palabras de Planas aún tienen mayor calado, ya que abren la puerta a que el Gobierno estudie aplicar bonificaciones y deducciones que palíen los efectos del rápido avance del SMI. Estas medidas se tomarían pasando por encima de la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien la semana pasada negaba la existencia de informes que vinculara las alzas del salario mínimo con la destrucción de empleo. Existe así la posibilidad de que se abra un cisma en el Gobierno; con todo, en este debate no cabe ser equidistantes. Existen datos contundentes que muestran el daño que ya sufre el sector agrario. No es casual que ésta sea la única gran actividad que retrocedió precisamente en 2019, cuando el SMI avanzó más de un 22% y se anunció un 5% adicional para 2020.
Pese a la opinión de Trabajo, el Gobierno reconoce el daño que las alzas precipìtadas del SMI provocan en la agricultura
Tampoco debe ignorarse que autonomías como Extremadura ya están destruyendo empleo pese a que el PIB crece un 2%. Datos como estos son un enmienda necesaria a la pretensión de Podemos de continuar las alzas del salario mínimo hasta llegar a 1.200 euros. Su posición no sólo pone contra las cuerdas a importantes sectores de la economía. Además, es totalmente incoherente con su supuesto propósito de beneficiar a los trabajadores menos cualificados.
