Aunque la investidura de Pedro Sánchez aún no se ha producido, el Gobierno ya pone en marcha los mimbres de su política laboral para la legislatura. De hecho, el Ejecutivo y los sindicatos ya están estableciendo los primeros contactos con el objetivo de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima de los 900 euros.
Este aumento, hasta alcanzar los 1.200 euros en 2024, está en los programas electorales del PSOE y Podemos. De ahí que no sorprenda que las negociaciones hayan arrancado. Máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno aún en funciones podría recurrir a la fórmula del real decreto para oficializar la subida. A pesar de ello, es positivo que la intención del Ejecutivo sea que la subida se pacte en la Mesa Social, que los sindicatos comparten con las patronales, y no se repita el error de elevar el SMI sin contar con los agentes sociales y las empresas. También debe aplaudirse que se descarte un incremento de tanta envergadura como el anterior (22,5 por ciento) que convulsionó el mercado laboral. Así lo tuvo que reconocer el propio Ejecutivo tras los nefastos datos del paro de noviembre, que registró la mayor destrucción de empleo desde 2013.
Un incremento del salario mínimo solo contribuirá a la destrucción de empleo que el mercado laboral ya muestra
No obstante, y al contrario de lo que el Gobierno asegura, el perjuicio de aumentar el SMI no se ciñe solo a sectores concretos (empleadas del hogar). Ni se centra solo en las poco más de 125.000 personas que lo cobran directamente. En realidad constituye una referencia para la negociación salarial en la mayoría de sectores de baja cualificación. Por tanto, mayores incrementos están lejos de beneficiar incluso a ese tipo de trabajadores. Muy al contrario provoca destrucción de empleo en general al aumentar el impacto de los costes laborales en las empresas en plena desaceleración económica.
