Las cifras mensuales de paro registrado y afiliación vuelven a defraudar. Noviembre registró la mayor destrucción de empleo desde 2013, un año de recesión, y la mayor subida del paro desde 2016.
Sin embargo, el descenso al detalle de la estadística refleja aspectos todavía más preocupantes, como los 13.000 puestos de trabajo de empleadas del hogar destruidos en tan sólo 30 días. Ante este fenómeno, el Gobierno ha tenido que admitir que se trata de personas que muy probablemente siguen en activo, pero han pasado a la economía sumergida por causa del alza récord que experimentó este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Ejecutivo se ve así finalmente abocado a admitir que un avance de tanta envergadura (un 22,5 por ciento) y tan rápido en el SMI sólo puede convulsionar el mercado laboral. Se negó a reconocerlo en el primer trimestre de este año, aun cuando las cifras de paro y afiliación ya eran inusualmente negativas para una economía que, pese a la inestabilidad política, seguía creciendo por encima del 2 por ciento.
El Gobierno no tiene más remedio que asumir que el alza récord del salario mínimo contribuye a destruir empleo
Pero sólo era cuestión de tiempo que los efectos del fuerte avance del salario mínimo se extendieran y se hicieran más patentes. El SMI está lejos de limitar su influencia a las poco más de 125.000 personas que lo cobran directamente. En realidad, constituye una referencia para la negociación salarial en la mayoría de sectores de baja cualificación como la limpieza del hogar. La repentina alza de los costes laborales ya se transmite a esos ámbitos y está lejos de constituir un beneficio para los empleados contratados en ellos. Muy al contrario provoca una destrucción de empleo que amenaza con ir a más, ahora que la desaceleración del consumo pone aún en mayores apuros a las empresas.
