Desde el respeto que merece la presunción de inocencia de los hoy condenados por el caso de los ERE de Andalucía, ya que la sentencia de la Audiencia Provincial es recurrible ante el Supremo, estamos ante la mayor trama de corrupción económica de la historia de España.
Lo que en 2009 supuso una denuncia de unos empresarios, víctimas de lo que denunciaron como extorsión en el pago de unas comisiones en Mercasevilla, terminó destapando una estructura política y funcionarial destinada al fraude, al cobro de subvenciones ilegales... y a la elusión, en fin de todo tipo de control legal establecido. Con la impunidad como telón de fondo y ante la arbitrariedad propia de quienes con conocimiento disponían de los recursos públicos en beneficio propio.
Estamos ante la mayor trama de corrupción de la historia económica de España
Pero, ¿cómo se ideó la estructura defraudatoria? Según la sentencia, que copia al literal las conclusiones provisionales formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, la trama se urdió en 2000 cuando los condenados se percataron de que podían tramitar una serie de subvenciones en el seno de la Consejería de Empleo; y así, el Consejo de Gobierno aprobó una serie de modificaciones presupuestarias denominadas "Transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía" (IFA) que se iría nutriendo de fondos públicos para, sin control normativo, destinar a su propio antojo bajo el pretexto de "la pronta resolución de los conflictos sociolaborales del año 2000 que alteraban la paz social de la comunidad autónoma".
La concesión de las supuestas ayudas era una decisión política en su conjunto
Lo cierto es que esta "paz social" le ha costado al erario público más de 680 millones de euros. Hasta 6.100 trabajadores recibieron las ayudas de dicha partida presupuestaria y hubo 200 prejubilaciones en el rádar. Y, lo más grave, a lo largo de los años, Manuel Goméz Martínez, como Interventor General (absuelto junto con Francisco Del Río Muñoz, ex jefe del Gabinete Jurídico), ordenó la retención de crédito al detectar ciertas irregularidades. Aún así, los condenados, entre ellos José Antonio Griñán, no hicieron actuación alguna para reintegrar o convalidar los fondos públicos repitiendo la dinámica prácticamente hasta 2009.
"La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo sino que era una decisión política en su conjunto". Y éste es el quid de la cuestión. Tras una investigación y enjuiciamiento que ha durado 9 años, sentando en el banquillo y condenado por prevaricación a dos ex presidentes de Andalucía y a un ex ministro, como Manuel Chávez, en un juicio maratoniano de casi un año, se ha dictado justicia: penas de entre 6 y 8 años de prisión por malversación y 9 años de inhabilitación; y no por omisión o encubrimiento sino en concepto de autores.
Se muestra una vez más, con este resultado, la fortaleza de las instituciones de nuestro país, que más allá de todo tipo de presiones, dificultades y falta de medios, agarrando por los cuernos el toro del rigor y el análisis lógico de la prueba, más allá de ideologías, acreditan esos baluartes del Estado de Derecho, y lo hacen fehacientemente, que el que la hace la paga. Más pronto o más tarde.
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Juan Gonzalo Ospina
Abogado PenalistaRelacionados
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