Después de nueve años, la Audiencia Provincial de Sevilla dará a conocer este martes, a partir de las 12 de la mañana, el fallo judicial del mayor caso de corrupción política de la reciente historia de la democracia. Se trata del caso de los ERE, donde 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía se han visto involucrados por el uso irregular de un fondo de 680 millones de euros, el mayor volumen de dinero público bajo sospecha.
En rigor, esta cantidad debería haber recalado en la renta de asalariados afectados por expedientes de regulación de empleo, pero las pruebas manifiestan que, en muchos casos, esos fondos se desviaron a trabajadores inexistentes -llamados intrusos, 196 para ser exactos-, a empresas próximas al PSOE, alcaldes, vecinos, amigos y familiares de quienes se encargaban del reparto de ese dinero, a comidas y juergas de políticos e intermediarios. Así, con dos expresidentes de la Junta de Andalucía en el banquillo, por cierto, también dos presidentes del Partido Socialista-Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, además de seis exconsejeros -Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo; y 13 directivos -entre ellos, Francisco Javier Guerrero-, el fallo de la sentencia que puede llevar a la cárcel a más de uno de los imputados, sin olvidar las inhabilitaciones, pone a prueba el rigor de Pedro Sánchez en su lucha contra la corrupción, un delito que de manera permanente ha recriminado al Partido Popular, provocando la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno.
Según las pruebas y los testimonios recogidos en el sumario, el Gobierno de la Junta, durante 23 años en manos del Partido Socialista, fue avisado hasta en 15 ocasiones entre 2003 a 2009, si bien el uso irregular de los fondos arranca en el 2000.
El interventor de la Administración andaluza puso sobre aviso a sus superiores de que el sistema de abono de ayudas a las trabajadores afectados por los ERE no se llevaba de manera correcta, pues desaparecieron del control de los Presupuestos para administrarse a través de una transferencia de financiación, mediante un órgano ex- terno a la Consejería de Trabajo, llamada Agencia Idea. Ninguna de las alarmas de la intervención hicieron cambiar las directrices políticas, a pesar de que el interventor general, Manuel Gómez, ratificó las alertas de pago a José Antonio Griñán (consejero de Hacienda), Antonio Fernández (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación).
Una tela de araña
Esta tupida red, que durante 10 años consecutivos repartía ayudas irregulares, dirigidas en principio a empresas en crisis, no es más que el germen de una pieza política que, a medida que se ha conocido la longitud de su tela de araña, se ha ido dividiendo en 187 piezas, aunque ésta es la más importante, porque toca a los cabecillas y a los responsables políticos de la trama.
Las consecuencias, cuya extensión a la dirección nacional del Partido Socialista está por ver, puede traer consigo 10 años de prisión para el expresidente Griñán -además de 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación-, y 10 años de inhabilitación para Chaves. Ninguno de los dos ha reconocido que conociera la trama, y en sus declaraciones han señalado otros ámbitos de decisión política por debajo de ellos.
