El Gobierno vuelve a abrir la puerta a recortar los incentivos tributarios para planes de pensiones, una vez que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) los someta a examen.
Sin duda, una revisión de ese tipo es necesaria pero no para limitar estas bonificaciones. Su problema radica en que carecen de efectividad. Puede afirmarse que en España no existe un verdadero beneficio para estos vehículos financieros; como mucho, puede hablarse de un simple diferimiento de sus obligaciones fiscales. No en vano las aportaciones a planes de pensiones que no tributaron en el momento de realizarse acabarán gravadas en el IRPF cuando se produzca su rescate.
El posible recorte a los muy limitados beneficios fiscales de estos vehículos desincentivará aún más el ahorro privado
Además, lo harán en el apartado de rendimientos del trabajo, con unos tipos superiores que se aplican en el capítulo del ahorro. Medios alternativos como los llamados PIAS tienen aún un alcance demasiado escaso como para cambiar la única realidad efectiva hoy por hoy: el ahorro complementario para la jubilación está penalizado. El modo en que se obstaculiza esta práctica contrasta vivamente con las mayores obligaciones que se exigen para el sostenimiento de las pensiones. El incremento continuado de las bases máximas de cotización desde 2013 se produce sin ninguna contraprestación en la cuantía de las pensiones a las que esas aportaciones dan derecho.
No resulta justo que los trabajadores que hacen ese mayor esfuerzo se vean también castigados cuando buscan mejorar su futura jubilación por sus propios medios. Es más, la reducción de incentivos al ahorro a través de planes de pensiones supone que la tributación de las aportaciones a estos vehículos deja de diferirse en el tiempo. Constituye así una subida de impuestos encubierta para estos contribuyentes.
