El sector automovilístico español vuelve a verse como un objeto a merced de las especulaciones y vaivenes políticos. La última ocasión la ofreció la propuesta programática que el presidente Sánchez ofrece a Podemos para lograr su apoyo a un nuevo Gobierno.
La primera redacción del documento resucitó las tan cuestionables tesis del Ministerio de Transición Ecológica sobre el futuro de los motores de combustión. Volvía así a hablar de la intención de "prohibir" en 2040 la circulación de los vehículos, particulares o comerciales, impulsados por esas motorizaciones. Horas después, el Gobierno se enmendó a sí mismo y suavizó el párrafo eliminando la referencia a un futuro veto para sustituirla por la intención de "reducir paulatinamente" las emisiones contaminantes de estos vehículos. Se trata de una adecuada rectificación que, sin embargo, no basta para aclarar otros puntos confusos que suscita la lectura de la propuesta programática. Así ocurre en el apartado de medidas fiscales.
En política medioambiental y en el ámbito fiscal, el Gobierno lanza mensajes contradictorios
Debe celebrarse que el Gobierno renuncie a su proyecto de castigar a los llamados ricos con medidas tan perniciosas como elevar el marginal más alto del IRPF (hasta niveles prácticamente confiscatorios) o penalizar con tipos más altos a la inversión. Sin embargo, la ausencia de estas medidas en el documento se contradice abiertamente con la intención expresada por Hacienda de aplicarlas en el caso de que sea posible la formación de Gobierno.
Esta diferencia de pareceres crea incertidumbre en aspectos tan dispares como los planes de compras de automóviles de los ciudadanos o las expectativas de las empresas sobre sus costes laborales o las de las ejecutivos a la hora de aspirar a sueldos más elevados. Conviene aclarar esta confusión.
