Las estadísticas laborales muestran cómo se desacelera el empleo en España. Pero calibrar el alcance de este enfriamiento en la empresa privada exige rebasar los datos agregados y aislar la evolución del sector público.
De hecho, la cadencia del 8% a la que avanza la creación de puestos de trabajo en la Administración camufla el ritmo del 5% al que crece la afiliación en las empresas. Puede sorprender el menor fuelle de estas últimas mientras el PIB español es líder europeo en crecimiento y su descontada ralentización, lejos de abocar a una recesión, sólo provocará que pierda la tasa de avance del 2%. Esos niveles deberían posibilitar aún una creación de empleo notable, gracias a la reforma laboral de 2012. Ahora bien, el alcance de dicha norma se limitó en los últimos años, al tiempo que entra en juego un nuevo lastre, el endurecimiento de unos costes laborales ya altos, derivado de la subida récord del SMI y de las precipitadas alzas salariales que contemplan los últimos convenios. Por si fuera poco, la confianza de las empresas se socava más por las expectativas de un mayor castigo, en forma de cambios en Sociedades o cotizaciones sociales superiores, si el aún posible Gobierno PSOE-Podemos toma forma. Sería exagerado pronosticar el regreso inminente de los despidos en gran escala, pero resulta indudable que las empresas no están en condiciones de aumentar plantilla a medio plazo, al igual que los hogares revisan sus perspectivas de adquisición de bienes de consumo duradero y de inversión. La persistencia de esta incertidumbre, en una economía que vuelve a ser plenamente dependiente de la demanda interna, amenaza con provocar el regreso de la destrucción de empleo al mercado laboral.
