"Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes". La célebre frase común y falsamente atribuida a Albert Einstein cobra más sentido que nunca en el debate de las medidas a tomar ante la Semana Santa en el contexto de la pandemia. Con una incidencia de contagios muy lejana de la decena de casos por 100.000 habitantes con los que se acometió la primera desescalada en junio de 2020 -casi 160 contagios de media nacional, con amplias diferencias entre comunidades autónomas- y 722 muertes en la última semana, los territorios luchan por lograr medidas comunes que no desemboquen en el penúltimo colapso sanitario. El plan que propondrá Sanidad este jueves en la Comisión de Salud Pública busca ser de obligado cumplimiento e incluye el cierre perimetral de todas las CCAA entre los días 26 de marzo y 9 de abril, toques de queda comunes desde las 22 horas y el impedimento para los estudiantes de volver a sus casas.
Como las olas, la pandemia trae dinámicas que se balancean a un lado y al otro, que vienen y van, sin salirse del mismo camino marcado. Por cuarta vez desde el verano, cada período festivo va ligado a una misma polémica en la gestión política de la crisis del coronavirus: ¿levantar restricciones para que hostelería y turismo hagan caja o limitar todo el movimiento en la contención del virus? La lucha entre la economía -enfoque liberal- y la salud -enfoque de la protección social- emerge a modo de réplica de un terremoto pasado condenado al día de la marmota. Las circunstancias son idénticas, la experiencia ya es conocida. Los puentes de otoño que desembocaron en una Navidad de barra libre costaron centenares de muertes diarias en los últimos tres meses. Los epidemiólogos vuelven a clamar por las evidencias: relajar restricciones no llevará a resultados distintos tampoco estas vez.
¿El primer acuerdo común y obligatorio?
Ni una sola vez se ha logrado un pacto de medidas de cumplimiento generalizado en el Consejo Interterritorial de Salud, proclamado órgano de cogobernanza en lo que respecta a la pandemia de SARS-CoV-2. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad que ahora dirige Carolina Darias ha preparado un plan que será presentado en la Comisión de Salud Pública este jueves y que se votará la semana que viene. Su objetivo es que éste sea vinculante y de obligado cumplimiento y que se evite la disparidad de restricciones entre los territorios que ha enmarcado toda la gestión de la crisis sanitaria tras el estado de alarma de marzo de 2020.
Entre las medidas perfiladas por el Ministerio de Sanidad y recogidas en el documento 'Propuesta de medidas de salud pública frente a la COVID-19 para las fiestas de Semana Santa 2021', se insta a "evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios".
Con esta propuesta del Ministerio, la movilidad estaría limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, aunque con las excepciones ya reguladas por el actual Estado de Alarma, como el "retorno al lugar de residencia habitual o familiar" o las causas de fuerza mayor. El límite también incluiría a los universitarios que residen en un territorio diferente, y a los que se les insta a no viajar a sus localidades de origen en Semana Santa.
Además, el plan recoge la activación de un toque de queda entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana, con horarios más restringidos de los que están vigentes actualmente en territorios como el castellano-manchego.
Sanidad recomienda, a su vez, que en los casos sujetos a excepciones se realice una PCR o test de antígeno antes del viaje.
Límites a las reuniones públicas y privadas
Los límites a las reuniones también han sido considerados en la estrategia de Darias, que se decanta por vetar reuniones en domicilios y establecer entre 4 y 6 personas como máximo en los encuentros en lugares públicos.
El plan incluye, asimismo, la prohibición de la celebración de grandes eventos que supongan aglomeraciones, como las procesiones de Semana Santa, aunque estos actos han sido ya cancelados en los territorios.
El documento pide a las comunidades autónomas "no bajar el nivel de alerta" desde las dos semanas previas al inicio de Semana Santa "aunque los indicadores sean favorables" y "mantener las medidas establecidas en ese momento".
Sanidad justifica para la adopción de estas medidas que "aunque la situación del país en cuanto a incidencia, presión asistencial y número de fallecimientos ha mejorado en comparación a los meses de enero y febrero, aún se mantienen elevados los índices de ocupación de camas de cuidados críticos, que están presentando descensos muy lentos". En España, a fecha de 2 de marzo, la ocupación de camas de UCI continúa siendo cercana al 30%.
Las autoridades sanitarias han argumentado que, pese a la campaña de vacunación, "aún no se ha alcanzado una cobertura vacunal suficiente ni en España ni en el resto de Europa que garantice la protección generalizada de la población".
Las comunidades se adelantan al Ministerio
Ante las divergencias de las últimas experiencias, algunas comunidades autónomas se han adelantado al Ministerio de Sanidad y se han posicionado a favor de la contención máxima, como Asturias, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Precisamente, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha mantenido conversaciones en los últimos días con los territorios colindantes para homogeneizar la estrategia. "Queremos tener una posición común, todos tenemos la necesidad de que seamos lo más prudentes posibles. Todos tenemos la convicción de que estamos cerca de superar la pandemia y no podemos dar ningún paso atrás. Eso es lo que compartimos las comunidades de nuestro alrededor", señaló este miércoles, tras la fallida reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
En esta línea, Puig ha pedido una "posición única" a nivel nacional respecto a una Semana Santa "contenida", frente a las discrepancias de la Comunidad de Madrid, que ha apostado nuevamente por la apertura y la relajación de las restricciones pese a tener los datos de contagios más elevados de todo el país, junto con Ceuta.
Cataluña, Galicia y Andalucía se han mostrado favorables al veto al movimiento no esencial entre regiones, y Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares y Melilla, entre otros, apuestan por lograr un acuerdo común.
Madrid vuelve a ser la nota discordante. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a insistir este jueves en que "aún queda tiempo" para tomar la decisión y su posición es favorable a la apertura y la libertad. "Se puede contaminar y contagiar lo mismo una persona que viene de Móstoles, de Algeciras o de París", ha asegurado, y ha argumentado que los cierres perimetrales anteriores no han impedido nuevas olas de coronavirus.
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