España parece encaminarse hacia un nuevo estado de alarma por el coronavirus. Varias comunidades autónomas han presionado durante todo este viernes al Gobierno para aprobarlo con la máxima celeridad después de haber dado el paso en primer lugar el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario vasco ha solicitado la declaración de estado de alarma en el conjunto del país ante la evolución de la pandemia horas después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ratificase las últimas restricciones en la región. La postura adoptada por el lehendakari ha sido emulada después por goteo por otros territorios como Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra o Melilla. Por su parte, Castilla-La Mancha y Cantabria prevén sumarse a la petición este sábado, al igual que la Comunidad Valenciana. Mientras, desde Moncloa esperan que haya una posición mayoritaria de las comunidades y apoyos suficientes en el Congreso antes de decretarlo, si bien se asume que en los próximos días tendrá lugar la celebración de un Consejo de Ministros para aprobar el estado de alarma. Por el momento, Ciudadanos ha ofrecido sus 10 diputados al Ejecutivo para sacarlo adelante cuanto antes. | EN DIRECTO: todos los detalles de la evolución de la pandemia
El lehendakari ha explicado que pide el estado de alarma en el conjunto del país, pero facultando a los presidentes de las comunidades autónomas para su gestión "de manera delegada" y "coordinada" con el Gobierno central. "Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y que se faculte a los presidentes de comunidades autónomas de manera delegada para su gestión", ha planteado. El motivo reside en el aumento de contagios en todos los territorios, y la dificultad que supone la toma de medidas distintas por parte de cada comunidad y la desigual ratificación judicial en aquellas que afectan a la restricción de derechos fundamentales.
El País Vasco presenta en la actualidad una incidencia acumulada de 403 contagios por 100.000 habitantes, lo que sitúa a este territorio en un escenario de riesgo extremo. En la última semana, se han detectado en esta comunidad 5.800 nuevos contagios de coronavirus.
La intención de Urkullu es "actuar con la mayor celeridad y diligencia posible para intentar preservar la salud de toda la ciudadanía y limitar la transmisión comunitaria del coronavirus y, como consecuencia de ello, la saturación de camas hospitalarias".
La decisión de Urkullu se produce horas después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no autorizara la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados, al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal.
El 'efecto dominó' de Urkullu
La posición hecha pública por el lehendakari ha provocado un 'efecto dominó' entre el resto de territorios del país. El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, era el segundo en solicitar al Gobierno central la aplicación del estado de alarma para restringir la movilidad nocturna en la comunidad autónoma.
De la misma manera, Extremadura ha confirmado que también seguirá la estela del País Vasco. "Esto no es para confinar a la ciudadanía, es para limitar la movilidad", ha dicho el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. Igualmente, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, del PSOE también, ha solicitado formalmente al Gobierno "la declaración del estado de alarma, con mando y gestión del mismo en la presidencia del Gobierno de La Rioja, y además de manera coordinada en el conjunto del Estado".
En esta línea, la Generalitat de Cataluña ha decidido pedir al Gobierno central que decrete el estado de alarma para hacer frente a la segunda ola. El Govern ha tomado este decisión en la reunión que ha convocado de urgencia este viernes por la tarde para debatir si pedir el estado de alarma, en la que han concretado que quien debe gestionar la situación de estado de alarma "debe ser la Generalitat". Su intención, una vez aprobado el marco jurídico necesario, es establecer un toque de queda desde las 23.00 horas a las 6.00 horas.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, del PSN, ha defendido, a su vez, la utilidad del estado de alarma y ha remitido una comunicación al presidente del Gobierno solicitando su gestión "como autoridad competente si lo aprueba el Consejo de Ministros".
Además, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha confirmado que ha solicitado por escrito al Gobierno la aplicación del estado de alarma para posibilitar el confinamiento nocturno "porque la ciudad está a punto de entrar en el colapso" sanitario. Eduardo de Castro ha informado de que ha pedido para Melilla el confinamiento nocturno desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas, en aplicación del artículo 11 de la ley que regula el estado de alarma, "para impedir botellones, fiestas privadas en domicilios, garajes, etc".
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que este sábado se reunirá con sus consejeros para sumarse a la solicitud, mientras que su homólogo en Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también lo pedirá este sábado "para tener cobertura legal en las medidas que adoptemos las autonomías".
Mientras que en la Comunidad de Madrid creen que "podría ser interesante" la aplicación de un estado de alarma "nacional y siempre respetando la evolución en cada comunidad", según ha apuntado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en RNE. "Nosotros lo tenemos sin haberlo pedido", ha apostillado. Más concreto ha sido el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quien ha pedido a Sánchez un "Plan Nacional" y que "coja las riendas de una vez".
Apoyos en el Congreso
El paso adelante del País Vasco supone una nueva suma de apoyos en el Congreso de los Diputados para poder mantener más allá de 15 días el estado de alarma. Esta mañana, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ponía a disposición del Gobierno sus 10 diputados para apoyar una medida drástica que permitiría una efectiva limitación de los derechos fundamentales. Los confinamientos perimetrales y las restricciones en reuniones vulneran derechos como el de reunión o el de libre circulación, algo que están señalando los diferentes tribunales de justicia tumbando las medidas decididas por los ejecutivos autonómicos por falta de "cobertura legal y competencial".
A los diez diputados de Arrimadas se sumarían ahora los seis miembros que componen el grupo parlamentario vasco (PNV) en el Congreso.
Arrimadas, asimismo, ha pedido al PP que respalde un escenario de estado de alarma al que el Gobierno renuncia sin contar con los apoyos para su validación.
