Un segundo informe de la Guardia Civil entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga el caso del 8-M sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer.
El informe, fechado el 1 de junio y cuyo contenido revela este jueves el diario El País, critica los retrasos en la entrega de la información reclamada al organismo dirigido por Simón y apunta que en la documentación entregada faltan datos reclamados a direcciones de correo electrónico de la citada dirección, entre ellas la del propio Simón.
El nuevo informe también incluye parte de la conversación 'off the record' que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista de EiTB antes de ser entrevistada en la que dice que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus.
Fuentes de la investigación han asegurado que este segundo documento de la Guardia Civil consta de 200 páginas, que amplía el primer informe entregado a la juez y que, si bien subsana algunos errores del inicial, mantiene la tesis de que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación del 8-M en Madrid.
Las mismas fuentes señalan que en este segundo informe, elaborado por agentes de la Guardia Civil, se recogen muchas noticias publicadas en distintos medios de comunicación hasta una información del diario ABC del mismo 1 de junio, fecha en que es firmado el documento policial.
Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Fernando Simón, en tanto que mantiene la imputación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Las acusaciones del primer informe y su filtración motivaron la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.
En el nuevo documento policial, y según publica El País, los agentes destacan que el primer requerimiento de información hecho al Centro de Alerta Sanitaria tiene fecha del 16 de abril y que, pese a que supuestamente este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 de mayo.
La Guardia Civil asegura que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alerta con una providencia del juzgado para exigirlo.
Además, el informe policial hace un estudio de 36 de los correos electrónicos así como de varios informes sobre la enfermedad manejados por Sanidad con el objeto de elaborar un "análisis cronológico de conocimiento del covid-19" que tuvo el Centro de Alerta antes del 8 de marzo.
Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de "todas las recomendaciones, instrucciones o directrices" que se hicieron durante aquellos días, "podrían faltar documentos" en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió.
La Guardia Civil cuestiona que Simón no difundiera una alerta europea el 2 de marzo sobre el riesgo del virus
La Guardia Civil cuestiona en el nuevo informe que Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.
En el informe, la Guardia Civil se centra en el documento -en su "quinta actualización"- del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de su director, Fernando Simón.
Además, contrasta la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo con las reuniones internas ese mismo día en Sanidad, donde se detectan "casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus". Esto último, según los investigadores, llevó a los técnicos a "sugerir a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
El informe asegura que Delegación del Gobierno en Madrid sabía del riesgo del covid-19 "desde mediados de febrero"
El Instituto Armado asegura también que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de "los riesgos relacionados con el covid-19" desde "mediados de febrero". Esto contrasta con el argumento de la defensa del delegado del Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, que defiende que no tuvo conocimiento de advertencias sobre el riesgo de contagio del coronavirus hasta que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
El texto señala que los máximos responsables del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales se reunieron para "tratar temas relacionados con el covid-19, en la que se trató de manera expresa aspectos como el distanciamiento social como medida a implementar a mediados del mes de febrero, las medidas de higiene e incluso la posible utilización de EPI".
Para los investigadores, esto no hace más que "acreditar el conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno, de los riesgos relacionados con el covid-19, hasta tal punto de tomar medidas concretas para evitar o minimizar sus efectos entre el personal de la Delegación del Gobierno".
La Guardia Civil llega a esta conclusión tras tomar declaración como testigo a trabajadores del Departamento de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, destacando la del jefe de este último departamento que expone la "celebración de reuniones en el seno de la Delegación", citando expresamente la que se desarrolló "a mediados de febrero".
