Las medidas "drásticas" que modelan el estado de alarma anunciado en España tendrán que ser cumplidas por todos los ciudadanos del territorio nacional. No se trata de algo voluntario. De no hacerlo, se enfrentarán a multas desde los 100 a los 600.000 euros e incluso a penas de prisión. EN DIRECTO | Todos los detalles sobre la evolución del coronavirus
Este domingo, el Ministerio de Interior activaba las primeras órdenes como máximo responsable de todos los cuerpos policiales y de seguridad del país. Fernando Grande-Marlaska, el ministro bajo cuyo mandato se sitúan desde la pasada medianoche estos órganos, ha desplegado la hoja de ruta con la que actuarán en su misión de que se cumplan las disposiciones del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo.
El estado de alarma prohíbe a los ciudadanos salir de sus casas salvo en una serie de supuestos, que incluyen acudir al puesto de trabajo, al supermercado, a la farmacia o a ayudar a una persona dependiente, entre otros. También tendrán que transitar de modo individual y guardar una distancia de seguridad de un metro en los establecimientos abiertos para suministrar los bienes y servicios permitidos.
Las fuerzas policiales establecerán controles para verificar que los requerimientos se cumplen y podrán sancionar a aquellas personas que no asuman las órdenes del estado de alarma. Las multas podrán alcanzar los 600.000 euros, dependiendo del grado de gravedad de las sanciones.
Así, se considerarán muy graves las conductas u omisiones que entrañen un riesgo o daño muy elevado para la salud de las personas, al igual que un reiterado incumplimiento de un requerimento de la autoridad competente que suponga poner en peligro la salud colectiva. Estos actos contraerán las mayores sanciones, de entre 60.000 hasta los 600.000 euros. Una resistencia grave a órdenes de la autoridad podrá ser penada con tres meses de prisión.
Los que intenten retirar vallas, precintos u otros elementos físicos dispuestos por las fuerzas policiales como medidas de prevención serán multados con entre 100 y 600 euros. Si una persona se niega a identificarse cuando un agente se lo pide, se enfrentará a una sanción grave con multa a partir de 600 euros, pudiendo llegar a los 30.000.
El incumplimiento de órdenes de las autoridades en situaciones de emergencias estará asociado a una multa de 1.500 a 30.000 euros.
