Un turista al que se retire el carné de conducir por conducir bebido o drogado en España, tampoco podrá conducir al volver a su país.
La comisión de transportes del Parlamento Europeo ha tenido un par de jornadas intensas y después de aprobar que los jóvenes puedan comenzar a conducir a partir de los 17 años en toda la Unión Europea, plantea también que las suspensiones de los permisos de conducción lo sean en todo el territorio.
Hasta ahora, en la Unión Europea se podía suspender el permiso de conducir en un país como consecuencia de una infracción grave. Esa suspensión solo afectaba al país que imponía dicha sanción. El Parlamento y el Consejo europeos han alcanzado un acuerdo para que la suspensión del permiso sea en todo el territorio de la Unión Europea, que deberá ser aprobado próximamente. Los países se comprometen a intercambiar información restricciones, suspensiones o retirada de los permisos por motivos graves.
Se intenta, entre otras cosas, evitar la sensación de impunidad de los turistas en lo tocante a la conducción bajo los efectos del alcohol o los excesos de los límites de velocidad de carácter delictivo. Las nuevas normas también afectarán a los conductores implicados en accidentes con víctimas mortales.
Como explica la nota informativa del Parlamento Europeo, en la actualidad si un conductor pierde su permiso en un país europeo diferente del que expidió su permiso de conducir, la sanción solo se aplica en el país donde se cometió el acto punible, en el mejor de los casos. Con el acuerdo alcanzado se pretende retirar de todas las carreteras europeas a los conductores imprudentes, implicados en accidentes de tráfico mortales, en conducción bajo los efectos de las drogas o del alcohol o exceso de velocidad grave (citan como ejemplo conducir 50 km/h por encima del límite establecido).
En las negociaciones se acordó que fuera de 20 días laborables el tiempo límite para informar de la sanción al conductor y también los procedimientos para puedes recurrir dicha sanción.
Se ha pedido a la Comisión que, en un plazo de 5 años desde la entrada en vigor, se vuelva a considerar el acortar los plazos para el intercambio de información entre países y evaluar nuevas causas de sanciones paneuropeas.
