La Comunidad de Madrid sigue los pasos de Barcelona y Palma de Mallorca y ha acordado impedir provisionalmente el acceso de usuarios con patinetes eléctricos a la red de transporte público de la región "para garantizar la seguridad de los viajeros".
La decisión se ha adoptado este viernes en la reunión del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), después del incidente registrado el pasado 17 de octubre cuando explotó la batería de uno de estos dispositivos en el interior de un tren que se encontraba en la estación de La Elipa, en la Línea 2 de Metro, que no causó daños personales.
La prohibición entrará en vigor el 4 de noviembre y se aplicará en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) e interurbanos y urbanos en otros municipios, así como en las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid y los cinco intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.
Según ha puntualizado la Comunidad de Madrid en su comunicado, la restricción será de "carácter temporal" hasta que se verifiquen completamente las condiciones de seguridad de este tipo de elementos en el transporte público.
El CRTM solicitará a los operadores implicados la difusión de este cambio en sus canales de información digitales e impresos, como redes sociales, páginas web, cartelería, paneles o vinilos informativos. El incumplimiento de esta limitación conllevará la inmediata expulsión de los infractores, recuerda la Comunidad.
Barcelona y Palma ya anunciaron esta medida
Los patinetes eléctricos son uno de los grandes debates sobre movilidad que están afrontando las grandes ciudades. Cataluña fue una de las primeras regiones en dar un paso al frente después de la explosión de uno de estos dispositivos en el interior de un tren de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), que dejó tres personas heridas en noviembre del año pasado.
De hecho, el pasado viernes la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona anunció su prohibición de acceso de forma indefinida en el transporte público. Al respecto, la ATM apuntó que la actual regulación de estos vehículos "no aporta, hoy en día, las suficientes garantías de seguridad" para permitir su presencia en el transporte público.
Por su parte, Palma de Mallorca también hizo lo propio este lunes y anunció que no podrán entrar estos dispositivos en el transporte público a partir del próximo lunes 30 de octubre. En un comunicado, el área de Movilidad dirigida por el teniente de alcalde Toni Deudero, explicó que la medida se ha adoptado "por razones de seguridad debido al peligro que representan a bordo de los autobuses por su gran volumen y a los espacios que ocupan, que están destinados a sillas de ruedas y cochecitos de bebé".