Motor

El alquiler de los terrenos de Nissan Barcelona sale a concurso por 12 millones anuales

  • La licitación se abre este jueves y se adjudicará en septiembre u octubre
  • La duración del contrato es de al menos 50 años, con opción de otros 20 más

El nuevo inquilino de los terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona deberá pagar al menos 12 millones de euros anuales de alquiler, según avanzó elEconomista.es y estipula el contrato que saldrá este jueves a concurso público, y que tendrá una duración mínima de 50 años, con prórroga de hasta 20 años adicionales.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) publicará ahora la licitación que decidirá al operador que gestionará el alquiler de todos los inquilinos de los terrenos que ocupaba Nissan y donde se prevén ubicar el hub de descarbonización de QEV y B-tech y el fabricante eléctrico Silence, además de actividades logísticas.

El concurso da preferencia a actividades de automoción para dar continuidad al empleo de los trabajadores de Nissan, y también recoge la reserva de espacio para actividades logísticas.

El precio de salida del alquiler es de 24 euros por metro cuadrado y año, lo que para una parcela que ronda los 500.000 metros cuadrados, supone los mencionados 12 millones anuales. El precio se irá actualizando según la evolución del IPC.

Respecto a calendario, las ofertas podrán presentarse hasta el 15 de agosto, y el 1 de septiembre empezarán a abrirse los sobres con las propuestas, empezando por los requisitos de solvencia y continuando por la propuesta técnica.

El último sobre, el de la propuesta económica, se abrirá el 15 de septiembre, y será entonces cuando se elegirá un ganador y se le pedirá documentación adicional, con el objetivo de validar al adjudicatario entre finales de septiembre y el mes de octubre.

Ello supone un retraso de casi un año para los planes de reindustrialización de Nissan en Barcelona, que cesó su actividad a finales de 2021. Sin embargo, fuentes técnicas del proceso argumentan que debe primar la prudencia para evitar impugnaciones posteriores del procedimiento.

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