Siguen saliendo novedades sobre el plan que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa, con el fin de cambiar para siempre la movilidad urbana en España. A la ya sabida idea de implantar peajes en el acceso a determinadas zonas de algunas ciudades, esta vez la institución que lidera Teresa Ribera ha propuesto una modificación sobre los parquímetros con el fin de acabar con los vehículos más contaminantes.
El documento de 'Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones' que el Gobierno tiene preparado dentro de la nueva ley de Cambio Climático sigue generando controversia por las diferentes medidas que contempla en lo que a los coches se refiere. Con una clara posición de proteger el medioambiente en entornos urbanos, la cartera para la Transición Ecológica ha puesto el foco sobre las emisiones contaminantes de los vehículos con el fin de instalar unas zonas de especial protección en los municipios de más de 50.000 habitantes.
Un sistema al estilo de Madrid Central, ahora denominado como Madrid 360, que impida la entrada, o la dificulte, de ciertos automóviles a zonas de especial protección ecológica. Con más hincapié sobre el centro de estas urbes, uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de situar sistemas de peajes por lo que cada conductor que quisiera acceder debería pagar por ello.
Sin detalles al respecto, eso sí, por lo que no se ha deslizado un pago determinado o las excepciones para aquellos que están obligados a circular por motivos laborables, sanitarios o educativos, además el documento también contempla la opción de modificar los parquímetros. Los servicios de estacionamiento regulado que prácticamente tienen todas las medianas y grandes localidades de España y que de salir adelante estas reformas serían aún más restrictivos.
Estos son los cambios sobre los parquímetros
Un cambio que propone encarecer aún más el precio de estos, por encima del "coste del billete sencillo de la red de transporte público" y con "una tasa o impuesto anual de elevada cuantía", los costes, eso sí, se modularían según las emisiones contaminantes del vehículo y la condición del propietario de ser residente o no en la zona restringida.
Además, el texto también refleja que el tiempo máximo de estacionamiento en estas áreas deberá ser de máximo 1 o 2 horas. Todo con el claro objeto de perjudicar la movilidad privada en favor de la pública o la sostenible, así como conseguir que este acceso al centro de ciudades sea por motivos puntuales y cortos (el documento habla de "no permitir el uso del automóvil para la movilidad pendular diaria como ir al trabajo o universidad").
Las multas y el aumento sobre los costes generaría un mayor ingreso estatal con el objetivo de invertir en infraestructuras sostenibles
En definitivas cuentas, un plan para acabar con los vehículos más contaminantes al tiempo que se genera una importante cuantía para las arcas estatales y de los ayuntamientos. Ello permitiría, a la vez, invertir en una mejor red de transporte sostenible que cambiaría para siempre la movilidad en las grandes ciudades.
