
Una de las medidas más sorprendentes que se han aprobado recientemente para fomentar el ahorro en planes de pensiones privados es la de dar liquidez a las aportaciones que cuentan con al menos 10 años de antigüedad, independientemente de a qué fin se destine ese ahorro. No obstante, las gestoras temen que esta medida, que fue aprobada el pasado viernes por Mariano Rajoy y que empezará a aplicarse en el año 2025, pueda penalizar la rentabilidad de los productos en tanto en cuanto pueda limitar a los gestores en su toma de decisiones. La rentabilidad media de los planes de pensiones alcanzó el 4,03% en enero
Así lo indicaron ayer desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva en la presentación de su informe anual. "Evidentemente, la forma de gestionar cambiará con la nueva ventana de liquidez a los 10 años. De alguna manera va a limitar a los profesionales", advirtió José Carlos Vizárraga, vicepresidente de Inverco. Sobre todo, "va a condicionar la política de los gestores uno o dos años antes", añadió Ángel Martínez Aldama, presidente de la institución.
Hay que tener en cuenta que el dinero en pensiones del sistema individual que se podría movilizar en 2025 (afecta al stock de ahorro a partir del 31 de diciembre de 2015) asciende a 61.000 millones de euros. No obstante, teniendo en cuenta el flujo de prestaciones ordinarias, la cuantía "susceptible de ser rescatada por los partícipes sería de unos 41.000 millones de euros para entonces", explican desde Inverco, aunque descartan cualquier escenario de "avalancha de reembolsos".
La iliquidez de estos productos siempre ha sido su "caballo de batalla". Por eso, desde Inverco piden que se mejore la fiscalidad de los planes de pensiones sobre todo en el momento de recibir las prestaciones. Cuando se crearon, en los años 80, la única opción para rescatar el dinero era alcanzar la edad de jubilación. Pero poco a poco se fueron añadiendo nuevos supuestos para recuperar los fondos: en caso de desempleo de larga duración o enfermedad grave, por ejemplo. Este último añadido tiene como objetivo fomentar la contratación entre jóvenes al hacer el producto más líquido.
En cualquier caso, y pese a que consideran que el plan de pensiones "va a ganar atractivo", las previsiones que manejan son bastante conservadoras. Esperan que el patrimonio en pensiones crezca un 2,6% durante 2018, desde 111.077 hasta los 114.000 millones, por debajo del 4% que se incrementó el año pasado -ver gráfico-.
Se necesitan medidas
Para fomentar el ahorro de cara a la jubilación, urgente si se tiene en cuenta que la generación de los 90 ni siquiera cobrará la mitad de su último salario cotizado cuando se jubile, desde Inverco reclamaron a la Seguridad Social que envíe la carta informativa sobre la pensión futura a los ciudadanos (que deberían haber hecho desde el año 2011) y que los cálculos sobre la pensión estimada se realicen con hipótesis adecuadas y no como ahora, que al no tener en cuenta la inflación lleva a una "ilusión monetaria".
Además, consideran fundamental el impulso de los sistemas de empleo, y que éstos sean obligatorios o semiobligatorios en las empresas. Si se observan los datos, el patrimonio en planes de empleo en España (son el segundo pilar del sistema) crece únicamente por la rentabilidad de sus carteras, ya que encadenan seis años consecutivos con reembolsos netos. En 2017, a pesar de haber salido 588 millones, su patrimonio creció un 1%, hasta los 35.796 millones de euros. No obstante, es motivo de preocupación: "No es que no se creen nuevos planes, es que ni siquiera entra dinero en los que ya están constituidos", reclamó Vizárraga. Algo que debería hacer reflexionar. "Nos tenemos que asegurar de que el cien por cien de los trabajadores tienen una pensión garantizada", avanzó Aldama, en relación a que la gran mayoría de los empleados están, además, en pymes.
Los incentivos más bajos de la OCDE
Existen notables diferencias entre los países de la OCDE que incentivan el ahorro para la jubilación. Según recoge Inverco, España tiene los menores incentivos fiscales de ahorro en planes de pensiones de la OCDE: apenas alcanzan el 9%, frente al 30% de la media. Entre los más desarrollados destacan Canadá, Dinamarca, Países Bajos o Suiza, que facilitan ventajas fiscales a sus partícipes de hasta el 34%.