Madrid
La Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés) que está impulsando Bruselas para canalizar el ahorro de los ciudadanos hacia productos de inversión promete introducir cambios en la Retail Investment Strategy (RIS) para amoldarla a las necesidades de atracción de capitales que necesita Europa. Pero esta flexibilización de la norma no va a significar que se termine con el espíritu de MiFID II de orientar la industria de inversión hacia el asesoramiento independiente y el análisis del coste y la eficiencia de los productos.
Así lo han advertido los expertos de FinReg durante un seminario digital organizado por la consultora. A su juicio, las firmas de inversión pueden tener la tentación de pensar que la RIS puede decaer total o parcialmente para favorecer esa atracción de dinero dormido en depósitos, eliminando un exceso de carga regulatoria, por ejemplo, en la aplicación del value for money, uno de los puntos más controvertidas de la RIS, por la dureza de algunas medidas que planteaba, como la creación de benchmarks contra los que medir el rendimiento de los productos de inversión.
Pero en FinReg consideran que la propia directiva MiFID II ya recoge muchas de las normas que la RIS plantea, por lo que de no alcanzarse un acuerdo entre los Estados miembros de la UE, la Comisión Europa y el Consejo de Europa, los supervisores podrían incidir igualmente en determinadas medidas para perseguir lo que consideran la protección de los intereses de los inversores minoristas.
De hecho, ya se está produciendo en el caso de Esma, el regulador europeo de los mercados de valores, y Eiopa, el supervisor de las entidades aseguradoras y gestoras de planes de pensiones, organismos que ya han comenzado a recabar información sobre la aplicación de determinadas metodologías que entrarían bajo el paraguas del value for money, sobre todo en el ámbito de los seguros. De hecho, la propia CNMV, bajo la dirección de Rodrigo Buenaventura, siempre defendió la necesidad de introducir mayor transparencia en el precio de los productos de inversión y abogó por la equiparación fiscal de fondos y ETF para reducir el ruido sobre el coste.
Así que el espíritu de la RIS se mantendría en el caso de no alcanzarse un acuerdo entre las instituciones comunitarias. "Es algo que, creemos, va a ocurrir haya o no haya estrategia de inversión minorista, porque no se trataría de partir de cero, sino del desarrollo de obligaciones actuales que ya están contenidas en MiFID II, que deberían aplicarse de forma homogénea en los distintos Estados miembros", apuntó Fernando Alonso, socio de FinReg.
"Nuestra tesis es que se va a aprobar en el próximo semestre porque es difícil que no se apruebe después de todo el impulso que le han querido dar, así que las entidades tienen que empezar a reflexionar sobre cómo afectará a sus modelos de negocio", señaló Jorge Ferrer, socio de la consultora.
Criterios de sostenibilidad
No obstante, la Comisión Europea sí pretende cierta flexibilidad en la interpretación de determinadas medidas y ya no exige la creación de unos índices para medir el rendimiento y el coste de los productos de inversión, aunque sigue empeñada en que los inversores dispongan de una comparativa por clase de activos y de un análisis del coste en relación a su eficiencia, subrayaron los expertos de FinReg.
"Es cierto que la RIS se encuentra en un proceso de simplificación pero sobre todo con todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad y, especialmente, enfocado con las obligaciones de las empresas de proveer información no financiera acceder al mercado de capitales", apuntó Ferrer.
La creación de una cuenta paneuropea de inversión, recogida en la SIU, al igual que el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, son las principales estrategias que persigue Bruselas para canalizar la atracción de los más de diez billones de euros que ahora se encuentran en depósitos. Unas iniciativas que, sin incentivos fiscales claros, FinReg considera que no tendrán recorrido.
Una consideración que también se aplica al sello Finance Europe presentado por los principales países de la UE para intentar buscar cierta homogeneización en los vehículos que actuarían de imán del dinero de los ahorradores.