
Con un nombre tan ilustrativo como Finance Europe, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo y Estonia han lanzado lo que pretenden que se convierta en una etiqueta identificativa de productos de inversión en activos europeos a largo plazo. La iniciativa fue presentada este jueves en París y supone un intento de buscar un vehículo homologable entre los estados miembros de la UE para favorecer la atracción de capitales, sobre todo, de la enorme cantidad de ahorro que atesoran los europeos, para canalizarlo hacia productos de inversión fácilmente identificables y que cumplan determinados requisitos.
Las principales características que definirán a los productos financieros que lleven este sello, de nueva creación o ya existentes, serán que al menos el 70% de los activos en los que inviertan sean de empresas del Espacio Económico Europeo, que tengan un horizonte mínimo de inversión de cinco años y que una parte sustancial de los activos sean de renta variable, con el objetivo de "fomentar la inversión productiva y contribuir así al crecimiento económico, según destacan los países impulsores.
Respecto a la fiscalidad, el verdadero talón de Aquiles de este sello para que tenga éxito, se deja en manos de cada país el otorgamiento de posibles incentivos. Una competencia ajena a la Comisión Europea sobre la que, de todas maneras, tampoco se podría ahondar mucho más.
El sello surgió como una iniciativa del Laboratorio de Competitividad impulsado por España y del que forman parte los países del núcleo duro europeo, al que se ha adherido Estonia y del que se ha descolgado Polonia. Y es una especie de avanzadilla de lo que recogerá la Savings and Investments Union, más conocida por sus siglas en inglés, SIU, de la que se conocerán más detalles a la vuelta del verano previsiblemente, aunque la propia comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, reconoció durante la presentación del sello que es importante otorgar ventajas fiscales y que el procedimiento tributario sea sencillo.
Sobre esta cuestión, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, aseguró que «una parte esencial» del acuerdo entre los siete Estados implicados son los incentivos fiscales, por lo menos "garantizar que las condiciones fiscales sean iguales a los productos que tienen un mejor trato equivalente en cada uno de los países», según recoge Efe. Pero no dio pistas sobre lo que se hará en España. "Tenemos una idea clara y es que tenemos que poner las mejores condiciones posibles para que los ciudadanos tengan ese doble incentivo, promover el crecimiento, la competitividad en Europa, y además que esto les revierta en una mayor rentabilidad", subrayó.
Otra de las características del sello es que no otorgará ningún tipo de garantía pública sobre posibles pérdidas, al tratarse de productos de inversión a expensas de la evolución de los mercados financieros. Bancos, compañías aseguradoras y firmas de inversión podrán ofrecer productos de ahorro etiquetados con este sello, siempre que se ajusten a los criterios aprobados, y los reguladores de cada país serán los encargados de supervisar el cumplimiento de los requisitos.
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