Madrid
En octubre de 2017, Procter & Gamble (P&G), una de las mayores empresas de Estados Unidos, anunció que su Junta General de Accionistas había rechazado la propuesta del fondo activista Trian Partners de formar parte de su Consejo de Administración. La diferencia de votos a favor o en contra de dicha petición, fue tan pequeña, un escaso 0,2% sobre más de 2.000 millones de acciones, que Trian Partners pidió un recuento.
En diciembre de ese año, la compañía anunció que Nelson Pretz, presidente de dicho fondo, pasaría a formar parte del Consejo de administración. Tras el nuevo recuento, el fondo había ganado la votación por 42.780 votos, un 0,0016% de las acciones con derecho a voto.
Los fondos activistas, aquellos que compran acciones en una compañía queriendo influir en la gestión de estas, no han gozado históricamente de una gran reputación. Los primeros fondos activistas eran vistos como accionistas que buscaban exclusivamente ganancias a corto plazo sacrificando el interés a largo plazo de las compañías o su propia existencia. Esto ha cambiado en los últimos años, donde los activistas son vistos más como inversores a largo plazo, que invierten para lograr cambios estratégicos en compañías con bajos rendimientos o con equipos gestores acomodados.
Los fondos activistas, aquellos que compran acciones en una compañía queriendo influir en la gestión de estas, no han gozado históricamente de una gran reputación. Los primeros fondos activistas eran vistos como accionistas que buscaban exclusivamente ganancias a corto plazo sacrificando el interés a largo plazo de las compañías o su propia existencia. Esto ha cambiado en los últimos años, donde los activistas son vistos más como inversores a largo plazo, que invierten para lograr cambios estratégicos en compañías con bajos rendimientos o con equipos gestores acomodados.
Es fácil recordar a Michael Douglas como Gordon Gekko dirigiéndose a la junta de accionistas de Teldar Papers, acusando a los directivos de apenas tener acciones de la compañía, mientras cobraban elevados salarios y disfrutaban de avión privado.
En el caso de P&G, el papel de Trian Partners fue más el de un asesor estratégico, que el de un inversor que hiciera ingeniería financiera para vender por partes la compañía, como ocurría en los primeros ejemplos de los años 80.
Normalmente un fondo activista realiza un análisis muy detallado de los posibles aspectos a mejorar en una compañía. Debilidades como el deterioro en los resultados financieros o en las métricas de rentabilidad de una empresa, bajas cotizaciones durante largo tiempo, inversiones ineficientes en cuanto a retornos de capital, mala gestión operativa, o faltas de transparencia y de gobierno corporativo, suelen atraer el interés de estos inversores.
Dedicaran tiempo y dinero a fin de poder presentar argumentos atractivos que les permitan contar con el apoyo de otros grandes accionistas como fondos de pensiones, compañías de seguros, o fondos de gestión pasiva. Hay que tener en cuenta que un activista solo compra inicialmente entre un 1% y un 3% de la compañía.
Una vez identificados los aspectos de posible mejora, los fondos intentan un diálogo con los directivos de la compañía o con su consejo de administración. Normalmente son contactos privados, pero si la compañía rechaza los argumentos, el fondo dará un paso más, haciendo públicos sus argumentos o la carta dirigida al consejo.
Si el desacuerdo prosigue, los fondos pueden presentar propuestas en la junta de accionistas o pedir formalmente la dimisión de algunos consejeros y el pasar a ser parte del consejo de administración, desde donde buscaran influir más directamente en la gestión de la compañía. La presión pública, como en el reciente caso de Grifols, suele animar a las compañías a cerrar acuerdos con dichos activistas.
El papel de los activistas como defensores de los minoritarios hay que entenderlo a la luz de cómo ha evolucionado el accionariado de las compañías en las últimas décadas. A finales de los años 60, más del 70% de las acciones estaban en manos de accionistas individuales. En las últimas décadas, se han diluido enormemente en favor de inversores institucionales, con más del 50% de las acciones, así como el enorme peso de los fondos indexados de gestión pasiva, que pueden representar el 20-30% en algunos casos.
Los fondos indexados, con un enorme poder de voto en las juntas, han permitido a miles de personas invertir en bolsa con unos costes bajísimos. Las bajas comisiones hacen que dichos fondos no inviertan dinero en analizar en detalle los miles de compañías en la que están invertidos. Junto a ello, la importante reducción del periodo medio de tenencia de acciones por parte de los inversores supone un menor control efectivo sobre los gestores de las compañías.
Ante la presencia de un activista, los intentos de las compañías de desviar la atención tachándolos de oportunistas, tienen cada vez menos predicamento entre el resto de accionistas o los asesores de voto. Lo que es bueno para un activista suele ser bueno para el resto de los accionistas, cada vez más abiertos a apoyar a dichos inversores, como se vio en el caso de la petrolera Exxon .
Nelson Pritz dimitió del consejo de P&G a finales de 2021. Durante su presencia en dicho órgano, la acción de P&G se revalorizó un 86% frente a una subida del 50% del índice S&P 500.
La compañía transformó su forma de operar, aceleró sus ventas, que apenas crecían desde 2009 y posicionó sus marcas de consumo como las preferidas por los consumidores, a pesar de su mayor precio. En 2022 la compañía anunció el mayor crecimiento trimestral de ventas en décadas, a pesar de la incertidumbre post pandemia.
Comparado con el pobre rendimiento de la acción en los diez años anteriores, los miles de accionistas de P&G deben llevar una foto del señor Pritz en su cartera.
