El Estado español es partícipe de estratégicas compañías cotizadas dentro y fuera del Ibex 35. Esta posición no solo permite a la administración influir en las decisiones sobre el futuro de la compañía o contar con un asiento dentro del máximo órgano de gobierno de cada corporación, sino también percibir parte de los beneficios como cualquier otro accionista. Los dividendos de nueve empresas participadas por el Estado reportarán al mismo más de 1.700 millones de euros a cargo del 2024.
Son cifras récord que previsiblemente seguirán al alza en futuros ejercicios y que si se compara con los gastos totales planteados en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 (pendientes de aprobar), supondría cubrir un 0,35% de los mismos. Dicho de otra forma, el ingreso pasivo que percibe España del reparto de beneficios de compañías cotizadas supone un 0,11% del Producto Interior Bruto (PIB nominal) nacional. Además, a esto habría que sumar lo que percibe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de compañías que no cotizan sobre ningún parqué bursátil, pero que sí reparten una parte de su beneficio neto al final de cada ejercicio.
El entramado se enreda aún más si se tienen en cuenta casos como el de Hispasat que también reparte parte de sus ganancias entre sus dueños capitales. La SEPI cuenta con una participación del 7,41% en la operadora de satélites española y Redeia (antigua Red Eléctrica) casi un 89%. Y la SEPI ostenta a su vez una participación del 20% en Redeia que también distribuye beneficios entre sus accionistas. Por otra parte, Indra ultima esta semana la compra de Hispasat por 600 millones de euros que aseguran que el Estado mantenga el control de Hispasat también de manera indirecta, dado que la SEPI posee casi el 28% del accionariado de la compañía de tecnología de aplicación defensiva Indra.
Hasta la fecha, no es a través de la SEPI por donde más ingresos pasivos percibe España. La suma del cobro en Ebro Foods, Airbus, Enagás, Telefónica, IAG, Indra y Redeia roza los 380 millones de euros en 2024, en base a estimaciones, ya que aún hay dividendos a cargo de ese ejercicio todavía pendientes de confirmación. Y para el 2025 se espera que alcance los 400 millones de euros, según el consenso de mercado que recoge FactSet y que tiene en cuenta los beneficios esperados de cara al año en curso y las políticas de retribución al accionista previstas en los próximos 12 meses.
El lucrativo 'control del aire'
Gracias a Enaire se cobra un suculento dividendo de más de 750 millones de euros. La entidad pública que gestiona el espacio aéreo nacional cuenta con una participación del 51% de Aena, empresa cotizada. La Administración del Estado dejó de percibir dividendos por esta compañía durante tres años consecutivos por la pandemia del coronavirus que cercenó los beneficios de la cotizada dentro del Ibex 35. Con el tráfico aéreo recuperado y con un volumen de viajeros y turistas anotando nuevos récords históricos, el dividendo de Aena es una fuente de ingresos asegurada en próximos años y que se espera que supere los 1.600 millones de euros en 2025 (la mitad iría para el Reino de España).
Otro caso llamativo fuera de la SEPI es la participación en CaixaBnak a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Gracias al 18,1% de las acciones de la entidad en manos de la administración pública, España recibe uno de los dividendos más altos del Ibex 35 y también uno de los que mayores rentabilidades arrojan para el accionista. Gracias a un año con los tipos de interés en la eurozona en máximos de décadas, el incremento de los costes de financiación dieron a entidades como CaixaBank un mayor margen neto de intereses. Esto derivó en el reparto del 40% del beneficio neto consolidado en el mes de noviembre y está pendiente un nuevo pago en abril de este año como dividendo complementario (aún sujeto a aprobación por la Junta de Accionistas).
Además, las recompras de acciones llevadas a cabo por la entidad implican la retirada de las mismas del mercado y el aumento del peso de aquellos que deciden no vender. Es el caso del FROB, que pasó en los últimos 12 meses de una participación del 17,8% a superar el 18% sin realizar ninguna operación. No se puede descartar que CaixaBank siga recomprando acciones este año como suplemento a su política de retribución. Por ello, desde el FROB tienen prevista la desinversión para evitar incrementar su peso en la entidad.
Misma suerte que Aena corrió IAG que repartió en septiembre del año pasado su primer pago, paralizado desde 2019.
Las firmas de análisis consideran que el incremento de dividendos del 2025 dejará un 2,6% más de ganancias para la administración pública por esta vía de ingresos pasivos. Esto estaría tres décimas por encima de lo que se espera que crezca la economía española en ese mismo periodo.
Mejores retornos
Si bien existen inversores que prefieren no comprar acciones en compañías con una participación estatal por posibles injerencias políticas, lo cierto es que algunas de estas compañías tienen en el dividendo uno de sus principales atractivos, como ahora es el caso de Telefónica. Tras la entrada de la SEPI en la teleco el año pasado con una porción del 10% del capital, además de la influencia que ha ganado en una compañía estratégica y en un momento clave tras la irrupción de STC, la institución pública tiene el derecho a cobrar una décima parte del dividendo de la empresa, que a precios actuales se acerca al 8% de rentabilidad (0,3 euros por acción). Para la SEPI equivale a ingresar casi 170 millones brutos al año. Los pagos se hacen en junio (el segundo de 2024) y el diciembre (el primero de 2025).
La mayor posición del Estado en una cotizada, tras la de Aena a través de Enaire, es en Indra, en la que posee un 28%. Precisamente esta semana, tras ascender a Marc Murtra a Telefónica, nombró a Ángel Escribano, el segundo mayor accionista de la compañía, presidente ejecutivo. Pese a esta posición de poder, no es su mayor fuente de ingresos su dividendo ya que Indra solo reparte un 20% de sus beneficios, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo de menos del 2%, con el que ingresará cerca de 17 millones, muy por debajo del retorno en términos absolutos de otras inversiones como Redeia o Airbus.
La quinta parte de la operadora de redes es del Estado, y por ella recibirá 88 millones de euros a cargo de los resultados de este año mientras que por el 4% que tiene en el fabricante de aeronaves cobrará unos 85 millones de euros.