Especial ESG
El greenwashing cada vez lo tiene más difícil. Se denomina así al ecopostureo o ecoblanqueo, es decir, al hecho de que las empresas presuman de ser sostenibles sin serlo. El año 2024 está siendo crucial para combatirlo. En el Viejo Continente, cada vez se ponen en marcha más normas que aspiran a desterrar a esta práctica, que a menudo ha penalizado injustamente a los productos verdes y a los fondos de inversión sostenible. Por un lado, el pasado mes de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Green Claims Directive, directiva relativa a las alegaciones o eslóganes verdes que utilizan las compañías (el Consejo Europeo la aprobó en febrero).
En España, el Ministerio de Consumo está tramitando su transposición, en lo que será la Ley de Consumo Sostenible, que incluye sanciones de hasta 100.000 euros. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Diligencia Debida o CSDDD, que multará a las empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor. En 2025 la transparencia aumentará notablemente, ya que veremos los primeros informes de sostenibilidad acordes con la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad). Los nuevos estándares europeos de reporte de cuestiones extrafinancieras impactarán a más de 2.000 empresas en España y a cerca de 50.000 en el conjunto de la Unión Europea.
Esos datos de la CSRD que muy pronto será obligatorio divulgar -en principio, solo lo será para las empresas más grandes, y gradualmente irán ampliando su alcance- valen oro para los gestores de fondos de inversión, que necesitan toda esa información para poder construir carteras realmente verdes para sus clientes.
La industria de gestión de activos ha tenido que asumir en los últimos cuatro años un auténtico terremoto normativo en lo que respecta a la sostenibilidad. Han ido adaptándose con esfuerzo a una regulación que ha sido tremendamente criticada por su exigencia y por su calendario. Uno de los obstáculos a los que se han enfrentado las gestoras tiene que ver precisamente con esos datos que ahora al fin les irán llegando gracias a la aplicación de la CSRD. Se cumple un año del Big Bang de los fondos sostenibles.
Desde hace años, a las gestoras se les ha exigido que etiquetasen sus fondos de inversión sostenibles como tales, pero para hacerlo necesitaban disponer de la información sobre sostenibilidad de sus participadas; sin embargo, éstas no estaban todavía obligadas a reportarlos. Esto va a cambiar pronto.
Siguiendo con el mundo de los fondos de inversión, desde el pasado 21 de noviembre todos los nuevos vehículos que se lancen en la UE tendrán que aplicar las nuevas directrices de Esma (la Autoridad Europea de Valores y Mercados), sobre las denominaciones sostenibles. El órgano supervisor va a atar en corto a los fondos que quieran incluir en sus denominaciones palabras como Sostenible, Verde... o acrónimos como ESG (que alude a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno). Les dirá en qué (y cuánto) tienen que invertir, y ha vetado ciertas compañías, como las petroleras. El objetivo es evitar que las carteras de estos productos no sean realmente verdes, y que su nombre acabe funcionando como un mero reclamo marquetiniano.
¿En qué consisten estas nuevas exigencias? Los fondos cuyos nombres incorporen términos como Sostenibilidad, Impacto, ESG, o Medioambiental tendrán que dejar fuera a empresas que obtengan el 10% o más de sus ingresos de la prospección, refino o distribución de petróleo; tampoco podrán invertir en compañías que extraigan carbón. Además, tendrán que excluir a las compañías en que un 50% de la facturación dependa del gas, y a las utilities que generen electricidad por encima de determinado nivel de emisiones.
Estas directrices afectan aproximadamente al 10% de los fondos de la Unión Europea, según los cálculos de Sustainable Fitch (la división de sostenibilidad de la agencia de rating Fitch), que estima que unos 6.500 fondos europeos incluyen en sus denominaciones palabras como las mencionadas. Los españoles son cerca de medio centenar, más todas sus clases. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ya ha confirmado que aplicará estas indicaciones, que aumentarán "la armonización a nivel europeo y la protección de los inversores", tal y como señaló el regulador en un comunicado.
