El greenwashing o ecopostureo va a más, en plena batalla de los reguladores por combatirlo con la aplicación de normas cada vez más estrictas. Se denomina greenwashing a la utilización de términos como verde (green), sostenible o responsable sin fundamento y con fines meramente marquetinianos o de imagen. De acuerdo con un informe de la EBA (la Autoridad Bancaria Europea), el número de presuntos casos de greenwashing creció un 26% en 2023 en la UE, y un 21% a nivel global. Visite el portal especializado elEconomista ESG.
El documento recoge datos sobre el número de casos de "comunicación engañosa" sobre temas ESG (ambientales, sociales o de gobierno corporativo) que han sido "informados por las partes interesadas". En la UE se registraron algo más de 1.000 casos el año pasado, frente a cerca de 800 en 2022. A nivel global, se alcanzaron los 2.119 (un año atrás fueron 1.749). En un marco en el que la regulación y la opinión pública ponen cada vez más la lupa sobre estos temas, tampoco tendría sentido que el dato descendiese.
El informe de la EBA se basa en un análisis cuantitativo de la información recabada por el proveedor de datos RepRisk4, que recopiló lo que denomina incidentes de riesgo. Esto incluye, por ejemplo, "críticas a una campaña publicitaria que engaña a los consumidores sobre objetivos medioambientales; investigaciones que revelan que una empresa exagera el impacto social de una iniciativa, o una web corporativa que alude a sus actividades ESG en contraste con sus prácticas reales de sostenibilidad", tal y como detalla el documento. En España, este mismo año hemos visto cómo, por primera vez, una empresa del Ibex (Iberdrola) llevaba a los tribunales a otra (Repsol), acusándola de competencia desleal por la publicidad sobre sus combustibles "100% renovables".
El estudio de la Autoridad Bancaria Europea insiste en que todos estos casos son "presuntos", ya que RepRisk "no verifica o valida estas denuncias", aunque cada incidente "se identificó y evaluó de forma sistemática y transparente", especifica.
En la UE, un 21% de esos "presuntos" casos de greenwashing correspondió al sector financiero (en 2022, un 23%), y, en concreto, un 8% a bancos, de modo que los otros dos segmentos del sector -aseguradoras y servicios financieros- suman un 13% de estos sucesos.
Por otro lado, en EEUU el lavado verde se redujo el año pasado, algo que el estudio afirma que "posiblemente puede explicarse por el paso atrás que ha dado el país en cuestiones ESG, que también implica menor reporte de estos aspectos".
Informe de Esma
Este documento de la EBA sobre greenwashing no ha llegado solo, sino de la mano de los estudios sobre ecopostureo de las otras dos ESAs (European Supervisory Authorities): la Esma (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y la Eiopa (su homóloga para los seguros). Todos ellos se han elaborado a petición de la Comisión Europea, que les solicitó que monitorizasen "el fenómeno del greenwashing" en sus respectivos ámbitos. Todo esto se publica en un momento en el que la UE trabaja en un potente paquete de medidas contra el fraude ecológico, incluida la Green Claims Directive, relativa a las alegaciones o eslóganes verdes que realizan las compañías.
En su informe, la Esma, que se dirige a los supervisores nacionales de los mercados (entre ellos, la CNMV española) destaca que el greenwashing "puede propagarse de forma intencionada o no" y pone el acento en que exista esa intencionalidad. "Esto es importante: de alguna forma está diciendo que el greenwashing no intencionado, aunque podría sancionarse, no conlleva un factor agravante", explica Marta Olavarría, experta en regulación financiera y finanzas sostenibles. Olavarría también remarca, en el lado positivo, que el supervisor "ha detectado las mismas dificultades que venían poniendo de relieve las entidades supervisadas, es decir, los gestores de activos y las entidades financieras, a la hora de cumplir con la regulación". Dificultades como los "conceptos poco claros o ambiguos" en la regulación de finanzas sostenibles, o "la falta de disponibilidad de datos de calidad". "Nos da cierto confort que el supervisor haya identificado exactamente los mismos retos que la industria", añade esta experta. Las gestoras piden a la UE etiquetas más claras para los fondos de inversión ESG.
Por su parte, Claudia Antuña, socia responsable de Sostenibilidad en Afi, explica que "entre las recomendaciones más significativas que lanza la Esma a los supervisores está la necesidad de que éstos incrementen los recursos" destinados a detectar el greenwashing. "Con recursos, se refieren tanto a capital humano como a mejoras en términos de gobernanza y estructura interna, así como al incremento en la capacitación en conocimientos. Esto es fundamental, en la medida en que la sostenibilidad aborda conceptos cada vez más técnicos", advierte Antuña.
