Las gestoras españolas son reacias a firmar el Código de Buenas prácticas para inversores de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Hace ya casi 9 meses que el regulador aprobó este manual, de adhesión voluntaria, con el que España se pone al mismo nivel que el resto de países europeos que ya cuentan con códigos similares. Visite el portal especializado elEconomista ESG.
El objetivo final es aumentar la implicación de los institucionales y de las gestoras de activos en sus participadas, una implicación ya regulada por ley, y aclarar además cómo llevarla a cabo. Pero, por el momento, sólo se ha adherido a él una gestora de fondos, Santander AM, que aglutina el 15,1% del patrimonio en fondos españoles (50.540,4 millones de euros a cierre de septiembre, según los últimos datos de Inverco).
Al contrario de lo que sucede con los fondos, en la pata de las pensiones, las gestoras sí se han subido a este tren. Se han sumado al Código Santander Pensiones, Gestión de previsión y pensiones (la gestora de planes de pensiones de BBVA), Fonditel pensiones y Caser Pensiones, que aglutinan entre todas el 33% del patrimonio en planes. Este éxito se debe a que, a cambio de adherirse, las gestoras recibían puntos de cara a adjudicarse la gestión de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (finalmente se impusieron VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja).
Aprobado el 22 de febrero de este año, el Código de Buenas Prácticas para Inversores tiene entre sus metas la de clarificar cuáles son las obligaciones de las gestoras en cuanto a su implicación como accionistas. Dicha implicación ya está regulada por la Ley española 5/2021, que a su vez transpuso la Shareholder Rights Directive II europea. Pero el Código va un paso más allá, según explica Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto, el primer proxy advisor español: "La directiva promueve que los inversores se impliquen y utilicen el diálogo activo para presionar a las compañías, pero prácticamente no menciona la importancia del voto en las Juntas Generales de Accionistas, cuando, en realidad, el voto es el corazón del activismo y la mejor herramienta, con la que los inversores pueden ejercer verdadera influencia ya que, si no hacen caso a sus demandas, van a votar en contra de ese punto del orden del día en Junta". En contraposición con esto, el Código de la CNMV "aclara muy bien qué es la implicación y qué es el voto, y cómo se deben llevar a cabo", añade Prieto, que precisamente fue uno de los 20 expertos que integraron el grupo consultivo que participó en la redacción del manual. Lea también: Dos meses después, sólo una firma se ha adherido al Código de Buenas Prácticas.
El Código de Buenas Prácticas para inversores explica que el voto en la Junta es fundamental, que se debe ejercer este derecho y, además, ser transparente sobre lo que se ha votado. El documento detalla que los inversores publicarán "con carácter anual un informe acerca de cómo han aplicado las políticas de implicación y voto en el ejercicio inmediatamente anterior, que incluirá una evaluación de las actuaciones realizadas y una explicación de cómo las políticas anteriores han contribuido a los objetivos establecidos" y la consecución "de la estrategia empresarial de las sociedades en las que invierten". Le puede interesar: Las cotizadas logran más apoyo en su retribución al consejo al 'escuchar' al accionista.
No puede olvidarse que en España, tradicionalmente, las gestoras apenas han ejercido su derecho a votar en las Juntas de Accionistas. "Históricamente, los inversores institucionales españoles no han ejercido el voto, aunque en los últimos años el porcentaje de participación ha repuntado", señala el fundador de Corporance, que añade que estas cuestiones todavía son "nuevas" para la industria y no están totalmente bien definidas ni reguladas, de ahí que exista esa "prudencia", dado que se trata de obligaciones con las que no han tenido que lidiar en los últimos años. Santander AM, la gestora española con un perfil más internacional, sí ha dado este paso.