Se le esperaba desde hacía tiempo y por fin ha visto la luz. Y, aunque se trata de un acuerdo preliminar, es muy relevante. En la medianoche del martes al miércoles, los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo llegaron a un entendimiento "provisional" para la creación de un estándar de bono verde europeo. Para ello, ambos organismos tuvieron que limar sus asperezas, ya que tenían posiciones enfrentadas. Llevaban dialogando desde julio de 2022. Conozca el portal especializado elEconomista Inversión sostenible y ESG.
La que se acaba de alumbrar se tratará de la primera ley que marque un estándar de bonos verdes en el planeta. Aún tienen que aprobarlo, algo que previsiblemente ocurrirá en el segundo semestre, Consejo y Parlamento, y a partir de ahí entrará en vigor en 12 meses (si se aprobase, por ejemplo, el próximo septiembre, entraría en vigor ya en septiembre de 2024). Andrés S. Balcázar (Pictet): "Si hace 5 años le hubiera pedido a un Gobierno cambios en su política ambiental, se hubiera muerto de risa".
Actualmente, los emisores de bonos verdes aplican marcos voluntarios, el más utilizado de los cuales es el de ICMA (International Capital Markets Association). El que ha construido la UE será más restrictivo, ya que solo podrán financiarse con estos bonos las actividades alineadas con la taxonomía verde europea (el listado de actividades económicas consideradas verdes a ojos de la UE). El documento preliminar deja un margen del 15% para financiar a sectores "todavía no cubiertos por la taxonomía, y para actividades muy específicas". Lo denomina bolsillo de flexibilidad. Esto se debe, probablemente, a que incluso para un emisor de bonos verdes tan sólido como puede ser la UE, llegar a un 100% de actividades taxonómicas es difícil.
No es que, una vez en vigor, vayamos a ver necesariamente un aluvión de emisiones bajo este nuevo marco, debido, precisamente, a que las actividades taxonómicas todavía son escasas (la taxonomía contempla, por ahora, 'solo' unas decenas de actividades, frente a las cerca de 1.000 que existen si nos fijamos en los códigos NACE de Nomenclatura de actividades económicas). Le puede interesar: Balance de los 6 primeros meses de 'MiFID verde'.
"Cualquier emisor, europeo o no, podría acogerse a este nuevo estándar, al igual que lo hacen a los principios de la ICMA o los de la CBI [Climate Bonds Initiative]. Pero el de la UE es el más riguroso", explica Pablo Esteban, experto en finanzas sostenibles de Spainsif. Esteban incide en esa idea de que este nuevo marco no es "la panacea" ya que "el porcentaje actual de los activos financieros que se puede considerar alineado con la taxonomía es todavía muy bajo; las ratios hablan del 5% como mucho", destaca. Esteban se refiere a la taxonomía como "el faro verde hacia el cual tenemos que ir lo más rápido posible, pero de forma ordenada".
Pese a estas limitaciones que presenta la taxonomía -a lo que se suma que las empresas sin presencia en la UE no tienen que reportar en base a esta regulación, de modo que no tienen ningún alineamiento con ella-, este estándar nace en un mercado, el europeo, del que cada año procede la mitad de las emisiones de deuda climática a nivel mundial.
En palabras de Elisabeth Svantesson, la ministra de finanzas de Suecia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, "el nuevo estándar será útil tanto para emisores como para inversores en bonos verdes. Los primeros serán capaces de demostrar que están financiando proyectos verdes legítimos, alineados con la taxonomía verde de la UE. Y los inversores podrán, más fácilmente (...) confiar en que sus inversiones son sostenibles, reduciendo los riesgos de greenwashing". Le puede interesar: Sube la presión de los reguladores para combatir el greenwashing.
Está por ver en qué medida los emisores optarán por acogerse al nuevo estándar, que les va a imponer más requisitos de transparencia y más reportes que los que exige ICMA. Al mismo tiempo, los inversores pueden preferir el estándar más verde, más exigente, explica Julián Romero, presidente del Observatorio Español de la Financiación sostenible (Ofiso).
Lo previsible es que los emisores públicos, como puede ser el Tesoro español (que es desde 2021 un emisor de deuda climática) opten por utilizar el estándar de la UE y que, en el caso de los privados, haya casos de todo tipo. Compañías con actividades muy 'taxonómicas' -como pueden ser las dedicadas exclusivamente a las renovables- tendrán mucho más fácil acogerse al marco europeo, mientras que otras, con un alineamiento de su actividad con la taxonomía más bajo, podrían permanecer emitiendo bajo los parámetros de ICMA.
Romero destaca una cuestión novedosa: "Existirá una tercera vía para las empresas que no puedan todavía acogerse al estándar europeo, porque su sector o actividad no estén recogidos en la taxonomía. Si lo desean, podrán cumplimentar un formulario de reporte similar al que utilizan los emisores que aplican el estándar de la UE. Esto puede dejar en evidencia a los emisores que no lo hagan", advierte.
