Los delitos de Sam Bankman-Fried constituyen "uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos", ha dicho el fiscal del distrito sur de Nueva York, Daniel Williams, en una conferencia de prensa. La Fiscalía, dependiente del Departamento de Justicia, es uno de los organismos que ha demandado al fundador de FTX, que se enfrenta a 115 años de prisión si se le condenara con las penas máximas de los ocho cargos penales que se han presentado contra él. Esta 'criptoestafa', aunque se ha orquestado y desarrollado desde una isla caribeña, ha acabo siendo objeto de la competencia de los reguladores estadounidenses.
SBF, como también se conoce al dueño de FTX o Alameda Research, fue detenido en la noche del lunes en Bahamas a petición de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, como explicó Williams. Su arresto se produce después de que la investigación del organismo concluyera que el joven empresario puede haber cometido los siguientes delitos: conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con materias primas, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para defraudar a la Comisión Federal Electoral y cometer infracciones en la financiación de campañas electorales, como se detalla en el escrito de acusación.
Aunque FTX no está registrado en Estados Unidos como proveedor de servicios financieros, sino en Bahamas, las autoridades estadounidenses pueden ejercer acciones legales si el fraude afecta a clientes del país o si parte de la actividad o el trabajo de la compañía se ha llevado a cabo en territorio nacional. "Los cargos de la acusación se derivan de un presunta trama de gran alcance orquestada por el demandado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX (...) y de engañar a los inversores y acreedores de FTX y Alameda Research", indica el comunicado de la Fiscalía.
Por esa razón, el organismo explica que los delitos de SBF, aunque los haya cometido fuera de territorio nacional, suponen haber defraudado a inversores estadounidenses y haber infringido las normas de financiación electoral, ya que el emprendedor donó millones al partido Demócrata con fondos cuyo origen es dudoso. Además, Alameda Research estableció su primera sede en Berkeley, California, lo que implica que parte del trabajo de su fundador se realizó allí. Después, esa firma de inversión se trasladó a Bahamas.
Pero el Departamento de Justicia no es la única autoridad que ha ejercido acciones legales contra Sam Bankman-Fried. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) también ha interpuesto una demanda. De nuevo, aunque FTX no estuviera registrada en el país y no tuviera que cumplir con las normas de las entidades que prestan servicios financieros, como auditorías o supervisión, la firma 'cripto' si está sujeta a las leyes de fraude. Así, la SEC calcula que de los 1.800 millones de dólares invertidos en FTX, 1.100 millones corresponden a sociedades estadounidenses. El regulador calcula que en torno a 90 entidades con sede en EEUU financiaron a la compañía. Entre ellas, destacan algunas como Blackrock o Sequoia Capital.
"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras aseguraba a los inversores que era uno de los edificios más robustos del mundo 'cripto'", afirma el presidente de la SEC, Gary Gensler, en la acusación del organismo. "El presunto fraude cometido es una llamada a todas las compañías de criptomonedas para que sepan que deben cumplir con nuestras leyes", añade.
Así, la SEC explica que SBF ha orquestado un fraude durante años que incluye haber desviado fondos de los clientes de FTX a Alameda Research, proveer a esta de líneas de crédito "ilimitadas" del dinero de dichos consumidores, establecer dudosos vínculos contables entre ambas, usar esa liquidez para hacer inversiones de riesgo, comprar inmuebles y blanquear dinero y hacer enormes donaciones políticas, enumera la demanda.
Por último, el regulador de opciones y futuros de Estados Unidos (la CFTC, por sus siglas en inglés), también ha demandado a Bankman-Fried. En su caso, su potestad para actuar se basa en que el fraude cometido ha resultado en la manipulación y desestabilización de los precios en el mercado de opciones y futuros, lo que incluye las criptodivisas, como bitcoin. La CFTC explica, por ejemplo, que el precio de los futuros de esa criptomoneda cayó más de un 23% y marcó un mínimo de dos años tras los primeros rumores sobre la solvencia de FTX.
"La CFTC continúa estando plenamente comprometida en usar todas las herramientas que tiene para asegurar el cumplimiento de la ley para proteger a los inversores y para erradicar a aquellos que quieren beneficiarse mediante el fraude y la apropiación indebida", señala el comunicado del regulador. En este caso, cifran las pérdidas de los clientes en los 8.000 millones de dólares debido a la gestión de FTX. Como en el caso de la SEC, detallan que los fondos fueron indebidamente usados en su traspaso a Alameda Research, en inversiones de riesgo y demás acusaciones repetidas por las autoridades.
"Esta investigación sigue su curso y este primer anuncio público no será el último relativo a esta causa", avisó el fiscal Williams en la conferencia para la prensa. Sus palabras sugieren que una gran parte del trabajo de las autoridades está por hacer y que todavía queda mucho por ver. Pese a que la acusación por estafa parece estar en una fase inicial de lo que será el proceso, el caso de Sam Bankman-Fried ya ha marcado un precedente en la industria 'cripto'. Las plataformas del sector, operen o no desde Estados Unidos, estén o no estén registradas en su jurisdicción, sí están sujetas a sus leyes. La justicia del país tiene potestad para actuar en caso de fraude.
El imperio de SBF estaba valorado en 32.000 millones de dólares antes de su implosión. FTX tenía en torno a 2,7 millones de clientes, según el actual consejero delegado, John J. Ray III. Su antecesor está actualmente en prisión sin fianza en Bahamas y la justicia estadounidense ya ha anunciado la solicitud de extradición.
