El 7 de septiembre de 2021, el precio del bitcoin rondaba los 43.000 dólares. Ese mismo día, El Salvador se convertía en el primer país del mundo en adoptar esta criptodivisa como moneda de curso legal. A principios de noviembre, el bitcoin llegó a superar los 57.000 dólares pero, desde entonces, no ha hecho más que caer. Un desplome que se acentuaba la semana pasada, cuando llegó a valer menos de 27.000 dólares. Para el gobierno de Nayib Bukele, esta caída ha supuesto una reducción de más de un tercio del valor de sus participaciones en bitcoin -se calcula que ha gastado unos 104,2 millones de dólares en 2.301 criptodivisas, que ahora valen menos de 70 millones- y hace peligrar la vía para pagar y refinanciar una deuda a punto de expirar: los bonos respaldados por esta criptomoneda.
A finales de diciembre, su deuda se situaba en 24.400 millones de dólares, de los cuales tiene que pagar 329 millones de dólares en intereses de sus bonos internacionales este año y otros 800 millones de dólares en un bono que vence en enero de 2023. La caída de más del 50% del precio del bitcoin desde sus máximos históricos se ha llevado consigo el 40% de la cotización de los bonos salvadoreños.
La idea de Bukele era lanzar la primera emisión de bonos respaldados por esta criptomoneda para recaudar al menos 1.000 millones de dólares y no tener que recurrir a prestamistas internacionales para pagar su deuda. El plan era que la emisión tuviera lugar entre el 15 y el 20 de marzo, pero el gobierno de El Salvador lo ha ido retrasando a la espera de que de que suba el precio del bitcoin.
Dejando esa vía de financiación a un lado, el país centroamericano no tiene muchas más opciones. La decisión de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal ha tensionado la relación de El Salvador con algunos prestamistas como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta organización ha recomendado al gobierno de Bukele que abandone su apuesta personal por el bitcoin, debido a los "graves riesgos" para la integridad y estabilidad financiera del país que conlleva. En el supuesto de que El Salvador se vea obligado a aplicar un programa estricto por parte del FMI, tendrá que abordar los riesgos asociados con la adopción de la criptomoneda y los relacionados con la gobernanza económica, apuntaba un funcionario del FMI el miércoles a Reuters.
A principios de mes, Moody's se unía a la lista de agencias de calificación que han recordado la nota sobre la deuda de El Salvador, dejando la nota en Caa3 desde Caa1, ante "la mayor probabilidad de un evento crediticio: reestructuración, cambio en dificultades o incumplimiento". Asimismo, elevó el riesgo de impago para la devolución de 800 millones de dólares el próximo mes de enero.
Al riesgo asociado al bitcoin se suma el efecto que han tenido las medidas de Bukele para centralizar el poder -desde la destitución de todos los altos jueces del tribunal supremo hasta la autorización para buscar la reelección inmediata a pesar de los límites constitucionales del mandato-, un cóctel que ha llevado a los inversores a exigir mayores rendimientos para invertir en bonos de El Salvador. Hasta el miércoles, pedían una prima récord de 2.445 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EEUU.
Alternativas de financiación
Si el precio del bitcoin no remonta y al final el país centroamericano no lleva a cabo la emisión de los bonos respaldados por bitcoin, otra de las opciones de financiación que tiene El Salvador pasa por recurrir al Banco Centroamericano de Integración Económica y al Banco de Desarrollo de América Latina. Otra alternativa es nacionalizar el fondo de pensiones del país para cubrir el déficit fiscal, mediante la transferencia de los ahorros públicos a una cuenta del gobierno.
No obstante, de continuar con la política actual, una reestructuración de la deuda de El Salvador parece "inevitable", señala Polina Kurdyavko, directora de mercados emergentes de BlueBay Asset Management. "La deuda del país podría ser sostenible con el programa del FMI adecuado. Pero tienen que actuar ahora".
En general los bonos salvadoreños se negocian entre 0,34 y 0,43 dólares, excepto el que vence en enero, que está a 0,75 dólares, reflejo del cauto optimismo de que el país pueda hacer frente a ese pago. Según datos de S&P Global, el coste de asegurar a los inversores contra un impago soberano salvadoreño en los próximos cinco años alcanzó su nivel más alto desde 2020 el pasado miércoles.
