Madrid
Los planes de descarbonización en España no cuentan con el uranio como alternativa energética, con el pesar de Berkeley y sus intereses en nuestro país. El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ha rechazado los permisos para que la minera de origen australiano montase su planta de concentrado del mineral radioactivo en Retortillo, Salamanca, lo que se ha traducido en una caída en bolsa.
El proyecto estaba en fase de evaluación desde mediados de julio de este año con un cruce de informes a favor y en contra –por parte de la compañía y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)– sobre la viabilidad y la sostenibilidad de las nuevas instalaciones en la provincia salmantina. Y, finalmente, el nuevo proyecto de Berkeley en España se desvanece como el valor de sus acciones.
La minera ha cerrado la sesión de este lunes con un recorte del 11%, hasta los 13 céntimos por acción, tras conocerse la negativa del MITECO. Durante la sesión en Australia, la compañía ya registró las consecuencias del anuncio del Gobierno español, al perder en la bolsa del país un 8,6%.
Aun así, la compañía no se rinde y ya ha adelantado que estudia opciones legales "con las que seguirá defendiendo enérgicamente su posición" y su negocio con el uranio en España. En un comunicado emitido a la CNMV, la minera ha estimado que el MITECO no ha tenido en cuenta todos los informes de mejora que Berkeley propuso al CSN, por lo que "no se ha seguido el proceso legal establecido", a su juicio.
Este no ha sido el único batacazo que se ha dado la compañía en 2021, año en el que ha perdido un 64% de su valor en la bolsa española. Las acciones de Berkeley se desplomaron un 56,5% en una sola sesión en julio, cuando el proyecto de la nueva planta de concentrado de uranio empezó a encontrarse con las primeras trabas, y la puntilla la dio la subsidiaria del fondo soberano de Omán, Singapore Mining Adquisition, el 5 de noviembre cuando exigió a la compañía minera la devolución de 56 millones de euros.
En concreto, el fondo soberano omaní le reclamó el pago inmediato de unos pagarés convertibles suscritos en 2017 al entender que se habían incumplido los acuerdos pactados, estrechamente vinculados a la mina en Salamanca.
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