Guerra cruzada entre Berkeley y el fondo soberano de Omán. El Sultanato ha puesto a la compañía patas arriba tras reclamarle 65 millones de dólares (más de 56 millones de euros) de un pagaré convertible de 2017. Singapore Mining, subsidiaria del fondo estatal de inversiones de Omán, es uno de los inversores clave de la compañía con desembolsos para, entre otros proyectos, financiar su mina de uranio en Salamanca. Un proyecto que cada vez cuenta con un futuro más complicado.
Según Berkeley, que sigue suspendida de cotización, Singapore Mining le reclama el pago inmediato de los pagarés convertibles suscritos en 2017 alegando que el acuerdo entre ambas partes "se ha frustrado y/o ha ocurrido un evento de incumplimiento". "La compañía disputa enérgicamente las acusaciones y reclamos hechos por OIA y actualmente está buscando asesoramiento legal en relación al asunto", ha explicado escuetamente en un comunicado remitido a la CNMV.
Esta comunicación, recuerda Efe, tiene lugar tan sólo unos días después de que el pasado viernes Berkeley difundiera su información trimestral y en ella recordara que el Consejo español de Seguridad Nuclear (CSN) emitió en julio un informe desfavorable para la concesión de la autorización necesaria para construir la planta de uranio en suelo español, su principal proyecto empresarial.
A ello se suma que en la futura ley climática que se debate en el Congreso de los Diputados se podría incluir una prohibición expresa de la minería de uranio, lo que echaría por tierra cualquier esperanza de Berkeley.
La empresa insiste en rebatir los argumentos del CSN alegando que cumple con todos los requisitos para levantar la citada planta y recuerda que hasta el momento ha obtenido más de 120 permisos previos e informes favorables por parte de autoridades competentes tanto locales como regionales, nacionales y europeas, de los cuales nueve han sido del propio consejo.
Se queja de trato discriminatorio
Además, ha pedido y estudiado documentación sobre las autorizaciones de construcción y desmantelamiento de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca) para contrastar las condiciones aprobadas por los organismos administrativos y reguladores competentes en proyectos de uranio similares en España.
A su juicio, "está claro" que el CSN "ha actuado de manera discriminatoria y arbitraria al evaluar" su proyecto, por lo que ha pedido al Gobierno español que sus argumentos adicionales sean incorporados a su expediente y el procedimiento se devuelva al CSN para que enmiende sus errores.
De hecho, Berkeley ha insistido en un nuevo comunicado en que el informe negativo del CSN sobre la autorización de construcción de la planta de Retortillo "se ha basado en información que no se han requerido para otras instalaciones de la misma naturaleza en este momento procedimental.
Además, asegura que se han aplicado criterios mucho más estrictos al proyecto de Retortillo que a otros proyectos, sin ningún tipo de respaldo legal, y que en otras instalaciones se ha otorgado la autorización incluyéndose condicionantes, mientras que en esta no.
"La compañía concluye que el CSN ha actuado fuera de la legalidad, perjudicándola gravemente al haber tratado su proyecto de una manera injustificadamente distinta"
"La compañía concluye que el CSN ha actuado fuera de la legalidad, perjudicándola gravemente al haber tratado su proyecto de una manera injustificadamente distinta, más estricta y más exigente en comparación con otros proyectos de la misma naturaleza", afirma.
Berkeley Minera, filial de Berkeley Energia Limited, es una empresa de origen australiano y cuyo principal proyecto es el desarrollo y construcción de la mina de Retortillo en Salamanca.
