En los últimos años, el Atlas de Sostenibilidad de Morningstar ha situado sistemáticamente a los países europeos en los primeros puestos de su clasificación mundial de prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, Estados Unidos se ha quedado atrás, ocupando el puesto 13 de 48 en el análisis más reciente.
A medida que la Unión Europea intenta consolidar su posición como líder sostenible con una ambiciosa agenda para combatir el calentamiento global, la Administración del presidente, Joe Biden, acelera el proceso para recuperar el tiempo perdido.
Los inversores a este lado del Atlántico están utilizando su capital para ilustrar la creciente demanda de oportunidades de inversión ESG y un marco normativo que las acomode. Según Morningstar, los flujos netos de fondos sostenibles estadounidenses alcanzaron los 51.000 millones de dólares en 2020, casi diez veces más que en 2018.
Jean-Xavier Hecker, codirector de análisis ASG en JPMorgan, recalca que la proporción de los flujos netos trimestrales de los ETFs ASG globales dirigidos hacia EEUU alcanza una media del 51% en los últimos dos años. Es por ello que Hecker considera que es probable que el Gobierno de Biden impulse la inversión verde al tratar de igualar los avances de Europa en materia de normas ESG. En este sentido, insiste en que EEUU no dejará que Europa "sea la que marque la pauta" en la materia.
Sin embargo, para ponerse a la altura de la UE será necesario que Washington tome medidas más decisivas en favor de la inversión ESG, como ha hecho la UE con su taxonomía. Actualmente, muchos esperan que el Gobierno de Biden aporte una apertura renovada hacia la mitigación del cambio climático y otras iniciativas de sostenibilidad.
El plan de inversión del demócrata, de más de 2,2 billones de dólares, se dirige a una amplia gama de sectores, desde las infraestructuras y el transporte hasta la energía y la agricultura. Biden comenzó a sentar las bases de un compromiso con el clima con múltiples decretos nada más ocupar la Casa Blanca y culminó su compromiso el pasado abril.

Durante la Cumbre del Clima, celebrada el 22 y 23 de abril, EEUU se comprometió a reducir sus emisiones de carbono en un 50-52% para 2030 respecto a los niveles de 2005, duplicando prácticamente los objetivos anteriores de una reducción del 26-28%.
Al mismo tiempo, los inversores en ESG en EEUU siguen alzando la voz en materia de sostenibilidad. Un caso concreto se aprecia en la propuesta normativa del Departamento de Trabajo que el año pasado buscaba limitar que los fondos de jubilación regidos por la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA) incorporasen estrategias ESG.
La negativa reacción hizo que la propuesta se anulase el pasado marzo. La decisión de la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de limitar las propuestas de los accionistas en materia ESG también ha provocado una gran resistencia.
La regulación
Las rencillas internas de la SEC sobre inversiones sostenibles aún no están resueltas. Los dos miembros republicanos de la Comisión, Hester Peirce y Elad Roisman, emitieron en marzo una declaración conjunta en la que pedían cautela en estas cuestiones. La comisionada Peirce emitió otra declaración recientemente en la que advertía contra el concepto de una norma global.
Peirce explicó a este periódico que estas inversiones tocan a la SEC en varios sentidos. Por un lado, las empresas deben proporcionar a los accionistas y posibles inversores información que sea material. Esa información será importante para el valor financiero a largo plazo de la empresa. "En la medida en que la información ESG sea material, debe divulgarse", concretó.
Por otro, la comisionada de la SEC señaló que con la proliferación de fondos mutuos y productos negociados en bolsa relacionados con el ESG "surgen dudas" en cuanto a si están informando adecuadamente de lo que significa y de cómo alcanzan sus objetivos. "Eso es algo en lo que nos fijamos desde el lado de la gestión de activos", añadió.
No obstante, el nuevo presidente de la SEC, Gary Gensler, informó recientemente que se está estudiando la posibilidad de proponer normas sobre la presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las empresas cotizadas.
Aunque no se ha fijado un calendario concreto, la SEC quiere "aportar cierta coherencia y comparabilidad", según reveló Gensler al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Se espera que la agencia pueda avanzar rápidamente en la elaboración de normas tras la conclusión de un período de comentarios públicos el 13 de junio sobre las posibles regulaciones.
A principios de marzo, Europa introdujo nuevas normas de información para las empresas con el fin de ayudar a los inversores a determinar qué activos son realmente ecológicos. Esto forma parte de un impulso mucho más amplio por parte de Bruselas para establecer normas de inversión respetuosas con el clima. Al ser la "primera en moverse" en estos temas, la UE podría establecer la referencia mundial.
"Ahora que EEUU puede estar poniéndose al día con su propia normativa, una cuestión clave es si esto podría conducir en última instancia a una competencia entre diferentes marcos o si se logrará una buena medida de armonización", aclara Gilles Moëc, economista jefe de Axa. Y es que aunque EEUU aún tiene mucho por recorrer para producir un marco tan completo como el europeo, es cierto que la normativa de la UE no es totalmente aplicable y algunas de sus iniciativas no entrarán en vigor antes de 2023.