Madrid
Un 45% de las 2.410 sociedades de inversión de capital variable (sicavs) que hay en España están abocadas a ir a la disolución como única vía para cumplir la futura normativa sobre estos vehículos de inversión, dado que disponen de un patrimonio inferior a los 5 millones de euros, el volumen que los expertos consideran como óptimo para buscar otra alternativa más personalizada.
La ley exige un patrimonio mínimo de 2,4 millones de euros para que una sociedad de inversión sea considerada colectiva y disfrute de las ventajas del 1% en el impuesto de Sociedades, igual que los fondos de inversión. Los cambios que están previstos para las sicavs no lo modifican, inciden sobre todo en el tema de los accionistas y la exigencia de que cada uno de los socios (100 como mínimo) tenga al menos 2.500 euros en títulos de la sociedad, para que siga siendo sicav a ojos de la Agencia Tributaria.
Con este cambio, que pretende eliminar los conocidos como mariachis, muchas sicavs tendrán que ir a la disolución para aprovechar el régimen transitorio, recogido en una enmienda del PSOE pendiente de aprobación parlamentaria, que prevé que los socios de sicavs liquidadas puedan disfrutar de un diferimiento fiscal si reinvierten las plusvalías generadas por su sociedad en otras IIC.
Al no cumplir con esta exigencia más estricta sobre los accionistas y al contar con patrimonios limitados, las firmas de banca privada no podrán ofrecer otra solución que los mandatos de gestión discrecional de carteras, que permiten mantener la sensación de asesoramiento personalizado del que hasta ahora los dueños de sicavs pequeñas disfrutaban.
Sicavs con un patrimonio mayor probablemente tampoco cumplan con los nuevos requisitos, pero en función del volumen y las características de cada cliente, el abanico de soluciones es más amplio.
Pero de las 1.076 sociedades con un patrimonio inferior a los 5 millones de euros, casi un tercio tiene un volumen menor a tres millones, muy cerca incluso del límite que marca la ley para considerarlas como sicavs. Unas cifras que rompen el mito de que este tipo de sociedades las utilizan grandes fortunas.
En realidad, aunque son grandes cantidades de dinero, solamente hay 623 sociedades con un patrimonio superior a los 10 millones, de las que únicamente 55 sicavs gestionan más de 50 millones, y de estas, solo 22 superan los 100 millones, incluyendo las tres grandes sicavs de Banca March, que cuentan además con miles de inversores. Por ejemplo, Morinvest, la sicav de la conocida empresaria Alicia Koplowitz, gestiona 550 millones de euros, mientras que Allocation, la sociedad de la familia Del Pino, cuenta con 442 millones en activos bajo gestión.
Retener a los clientes
¿Por qué ha permitido, entonces, la banca privada, sobre todo de las entidades financieras, la creación de sociedades de inversión a pesar de que su patrimonio no era tan elevado? La explicación se encuentra en la mayor facilidad para retener clientes de altos patrimonios. "Una sicav ata más que una cartera de gestión discrecional, conlleva más fidelidad de los inversores con la firma de banca privada porque los trámites para cambiar de gestora, por ejemplo, pueden demorarse meses, mientras que con los mandatos de carteras los clientes pueden tomar una decisión más inmediata", explica Jacobo Zarco, director de Grandes Clientes de atl Capital.
De ahí que las entidades que han basado su estrategia de crecimiento en la creación y captación de sicavs se encuentren ahora con el dilema de qué hacer con los accionistas de sociedades abocadas al cierre por no cumplir los nuevos requisitos. "Para las sociedades que tienen unos 3 millones otra solución puede ser agruparlos en una sicav colectiva", expone Zarco, al estilo de Banca March con Torrenova y Cartera Bellver, o que varios inversores con estrategias de mercado e intereses similares decidan unirse para conformar una sicav común que sí cumpla la nueva normativa, que obligaría a que cada accionista tenga títulos por un importe mínimo de 2.500 euros.
El traspaso de clientes de sicavs a gestión discrecional no representa un inconveniente para las entidades, sino al contrario, ya que podrían aprovechar para dar un empujón a un segmento de negocio en el que más están creciendo las gestoras en los últimos años, una vez que la directiva Mifid II obligó a diferenciar entre asesoramiento dependiente e independiente.
A las firmas les permite decidir la asignación de activos en función del perfil de riesgo del cliente sin necesidad de estar consultando cada paso. Según los últimos datos de la asociación Inverco, correspondientes a septiembre del año pasado, las gestoras manejan ya 81.000 millones de euros en gestión discrecional, repartidos en 745.000 carteras.
