La gestión discrecional de carteras se ha convertido en una de las palancas que utilizan las gestoras para impulsar sus ingresos tras la llegada de Mifid II, la normativa europea que solo permite el cobro de incentivos (las conocidas como retrocesiones) cuando estén diseñados para elevar la calidad del servicio a los clientes. Según los datos publicados ayer por Inverco, su patrimonio estimado alcanza ya los 78.000 millones de euros en junio (cifra a la que llega después de que 27 gestoras hayan facilitado el dato de sus grupos financieros). Esta cantidad supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior y representa ya un tercio de todo el dinero invertido en fondos (unos 264.200 millones de euros, a cierre de septiembre).
El grueso de esos 78.000 millones se encuentra en manos de los inversores minoristas -hablamos del 95%, que equivaldrían a unos 740.000 millones de euros), siendo el patrimonio medio por cliente de 97.954 millones de euros-.
Ahora bien, uno de los signos de identidad de este servicio, por el que el cliente da un mandato al banco para que ejecute una propuesta de inversión, adaptada a su perfil de riesgo, y haga los cambios que sean necesarios en todo momento, a cambio de una comisión, es que gran parte del dinero que las firmas de inversión controlan a través de la gestión discrecional se canaliza a través de los fondos de la gestora del grupo, que no siempre coinciden con los más rentables o baratos.
Según estos mismos datos, el 65% del patrimonio es de fondos de las propias gestoras. Esto significa que gran parte de las comisiones de gestión que la firma aplica sobre los fondos incluidos en la carteras de gestión discrecional revierte en su propio beneficio, aparte de las retrocesiones de los fondos de terceros que también incluye.
