Madrid
El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, anunció este jueves la reducción del objetivo emisión neta de deuda en 15.000 millones de euros, de 130.000 a 115.000, gracias a los 10.000 millones con los que España contará ya este ejercicio del mecanismo europeo de préstamos SURE para la protección del empleo y al contexto de tipos de interés en mínimos propiciado por la presencia récord del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado.
La institución adelantó que el coste de financiación de las nuevas emisiones cerrará en torno al 0,23% en el que se sitúa actualmente pese al sobreendeudamiento de España, que se prevé que alcanzará hasta el 120% del PIB, por el fuerte incremento del gasto y el desplome de la actividad que supone la crisis del Covid-19.
Unas condiciones muy favorables, propiciadas por el programa de emergencia de compra de bonos del BCE y por los fondos europeos -como el SURE y el de recuperación de la Unión Europea (UE), del que llegarán a la economía cerca de 26.000 millones en 2021-, que han llevado el coste medio de toda la deuda en circulación -más de 1,1 billones- al suelo del 1,93%.
Esta reducción del coste de financiación, que corrió peligro en el pico de tensión que sufrió el mercado de deuda por la pandemia de coronavirus en abril y mayo, favorece que la carga financiera -la factura del pago de los intereses respecto al PIB- se limite al 2% aun con la histórica contracción de la actividad por el impacto de la pandemia, cuando en la crisis de deuda de la eurozona de 2010, a la que siguió el rescate bancario en 2012, escaló hasta el 3,5%.
En este contexto, y según distintos expertos consultados por elEconomista, el Estado se ahorrará cerca de 1.500 millones de euros en 2021 con la refinanciación de los 160.000 millones de euros de deuda que vencen en 2021, alrededor del 14% del total. Cantidad en la que aparece, por ejemplo, una emisión de 2011 de 24.000 millones de euros a diez años a un interés del 5,5%, que el próximo ejercicio podría acercarse al 0%.
"Por evolución de los costes parecería un buen año, pero ha sido un ejercicio especial, en el que hemos tenido que aumentar las emisiones", reconoció Carlos San Basilio, que concretó que las razones por las que el Tesoro Público se puede permitir ahora reducir en el objetivo neto en 15.000 millones son: "Una estimación prudente en mayo, los ingresos ligeramente por encima de las previsiones, especialmente justificados por preamortizaciones de deuda con Estados de las comunidades autónomas por las condiciones de los tipos favorables [desviación de 10.000 millones] y los ingresos por primas de emisión [5.000 millones]".
Ninguna emisión sindicada más en 2020
La rebaja del objetivo supone que el Tesoro reducirá el tamaño de las emisiones que restan hasta final de 2020 y que no volverá a recurrir a ninguna emisión sindicada -pactadas previamente con inversores institucionales para garantizar la financiación pero con un prima respecto al precio de mercado- en lo que queda de ejercicio, tras las cinco realizadas en los primeros seis meses del año, algo totalmente extraordinario por las necesidades de financiación surgidas por el impacto de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
La previsión de la institución, enmarcada en la "prudencia" que le caracteriza, es que la prima de riesgo de España -el diferencial del interés que se exige al bono a 10 años respecto a la referencia de Alemania- se mantenga estable entre los 70 y los 80 puntos básicos en los próximos meses, y admitió que si Italia se ha acercado en las últimas semanas es "por la mayor estabilidad política", pero incidió que es un escenario que beneficia a las economías periféricas de la eurozona en general.
El bono verde depende de los Presupuestos
Por otra parte, Carlos San Basilio calificó de "prioridad" la emisión del primer bono verde del Estado español y confirmó que si no se ha colocado ya es porque no ha habido posibilidad de ligarlo a la financiación de partidas con objetivos medioambientales, sociales o de igualdad, al no existir todavía acuerdo sobre la aprobación nuevos presupuestos generales (PGE).
Los expertos consideran que la elevada demanda de este tipo de emisiones reducirá aun más los intereses que se exige a España en los mercados.
